Unas 430 cajas con documentación dispersa y el desorden consiguiente. Sin estructura, ni correlación, ni justificantes, ni formularios, ni facturas. "El archivo físico en donde se contenía la documentación económico-financiera concerniente a la citada sociedad solo puede calificarse de verdadero caos". La Cámara de Cuentas hace referencia al Campus de la Justicia, aquel proyecto encargado en 2007 por Esperanza Aguirre para agrupar las 19 sedes judiciales en el barrio madrileño de Valdebebas.
La descripción corresponde al informe de fiscalización con fecha del 22 de marzo de 2018 y ha sido rescatado este martes por el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. En el auto, recogido por Vozpópuli, el juez cita a declarar a nuevos investigados en el caso y aprovecha para detallar el "caos" en el que se intentó desarrollar el proyecto de la Comunidad de Madrid. "La ineficacia global del proyecto es el reflejo de la ineficacia de los contratos que lo integraron".
"Disfunción contable"
Según el informe, se evidencia una "grave disfunción contable" en la sociedad: en varios ejercicios los datos no eran correlativos "ni en número ni en fecha". En el caso de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2012, fueron aprobadas por la Comunidad de Madrid sin contar con el preceptivo informe previo de la Intervención General que, según detalla el documento, se elaboró posteriormente. En alguna ocasión, las cuentas fueron rendidas fuera de los plazos legalmente previstos; y en otras, carecieron del informe de gestión obligatorio.
Asimismo, los datos demuestran que desde la sociedad no se contó con la confirmación de saldos una vez finalizados los ejercicios fiscales ni las operaciones realizadas por la sociedad. "La información fue parcial e incompleta", ha subrayado el magistrado en su resumen.
Hay una clara "inexistencia de documentos originales" que den cobertura a las operaciones realizadas por el proyecto de Aguirre. No constan, siquiera, los documentos originales vinculados a las ampliaciones de capitales efectuadas por Campus de la Justicia.
No hay contratos
En la sociedad investigada no se seguía ningún "criterio de racionalidad económico-organizativo". No se contó prácticamente con ningún contrato de trabajo. "Las nóminas y los documentos de cotización a la Seguridad Social aparecieron desperdigados y por períodos incompletos", ha señalado el juez en el auto.
De hecho, De la Mata hace hincapié en que todos los puestos de trabajo en el marco del proyecto "se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto" y, en algunos casos, vinculados a "intereses privados". Pese a la falta de documentación, el informe al que hace referencia el juez menciona indicios de "numerosos despidos".
Las nóminas y los documentos de cotización a la Seguridad Social aparecieron desperdigados y por períodos incompletos
Sobre el señalamiento de "intereses privados", se detalla el caso particular de Isabelino Baños, quien también ha sido citado para declarar como investigado el próximo 27 de marzo. La sociedad le encomendó elaborar el informe de valoración de las ofertas y la propia adjudicación de un contrato; finalmente resultó elegida una empresa a la que el mismo Baños había estado vinculado años atrás.
En las 20 páginas del auto, el juez a cargo de la investigación ha insistido en que el Campus de la Justicia no estableció en materia de contratación un "sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos" ni de los principios que deben presidir la contratación del sector público.
Sin facturas ni inventarios
Entre todos los papeles de la sociedad tampoco hay señales de ningún tipo de inventario de elementos del inmovilizado. Y en el período entre septiembre de 2009 y diciembre de 2010 no hay registro de factura alguna que demuestre la realidad de los gastos efectuados.
En resumen, De la Mata ha subrayado la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad, la falta de rendición de cuentas y las disparidades en las informaciones remitidas sobre inversiones y de tesorería.
Ausencia de procedimientos
La Cámara de Cuentas ha determinado que en el Campus de la Justicia "no existía un trámite procedimental para definir y justificar" las necesidades que se iban a atender en el marco del proyecto. Por ello, tampoco había una correcta determinación del objeto de los contratos, por lo que al final en la mayoría de las licitaciones no se pudo definir de forma adecuada la definición de las prestaciones recibidas. Al carecer de una estrategia definida, tampoco consta explicación sobre las razones por las que se contrató un proyecto u otro.
En todos los concursos del Campus se incluyeron "criterios subjetivos" que tuvieron "un peso muy importante en las adjudicaciones"
La sociedad tampoco contaba con una mesa de contratación. Según el informe, en todos los concursos o procedimientos abiertos del Campus se incluyeron "criterios subjetivos" que tuvieron "un peso muy importante en las adjudicaciones" y que no guardaban semejanza con los que enumera la legislación de los contratos en el sector público.
Otros gastos sin detallar
Consta que la sociedad Campus de la Justicia efectuó múltiples gastos en publicidad; pero la mayoría de ellos no están acreditados en contrato alguno. En lo que refiere a los gastos con expediente de contratación, la suma alcanza casi el millón de euros, mientras que aquellos que carecen de expediente se cifran en unos 5,4 millones.
En este apartado, se enumeran varias casos particulares, entre ellos el contrato fechado en 2008 con un fotógrafo que llegó a cobrar un sueldo de 3.500 euros al mes: no hay registro de justificación alguna sobre la efectividad de los servicios prestados al proyecto madrileño.
El importe total de la contratación asciende a 355.577.355 euros
La serie de gastos sin detallar es extensa; desde retiradas en efectivo y uso de una tarjeta de crédito hasta pagos de matrículas universitarias que no han podido justificarse hasta ahora. El importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas asciende a 355.577.355 euros. Sin embargo, de todo el proyecto sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, aunque inacabadas y en situación de abandono.
