Unos 600 millones de euros se 'evaporaron' en la construcción de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena, Región de Murcia). La Fiscalía apunta a Florentino Pérez y las filiales de ACS. Ahora, como parte de las investigaciones, ha pedido la citación en calidad de testigos para alcaldes de cinco ayuntamientos de Murcia que firmaron convenios para el suministro de agua procedente de la desaladora. La lista la encabeza la exalcaldesa de Cartagena y senadora del Partido Popular Pilar Barreiro, quien ya había sido vinculada con la trama Púnica y con el entramado de corrupción urbanística de Novo Carthago.
El ministerio público también quiere escuchar las declaraciones de los exalcaldes Miguel Ángel Cámara (Murcia), Daniel García Madrid (Torre Pacheco), María Antonia Conesa (Fuente Álamo) y Francisco Blaya Blaya (Mazarrón). La fiscal a cargo de las pesquisas, María Isabel Neira Campos, pretende que los testigos expliquen las razones por las que sus respectivos municipios firmaron convenios con el Ente Público del Agua (EPA), según el escrito adelantado por La Verdad al que ha tenido acceso Vozpópuli.
No es la primera vez que el ministerio público requiere la comparecencia de alcaldes en esta causa. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, aceptó escuchar a otros nueve dirigentes, entre ellos el expresidente murciano y exalcalde de Puerto Lumbreras Pedro Antonio Sánchez.
Documentos clave
Además de las declaraciones, la fiscal ha solicitado a la juez que requiera a la Comunidad Autónoma una serie de documentos remitidos por los cinco ayuntamientos al Ente Público del Agua. En concreto, aquellos relativos a las necesidades de agua que sirvieron de base tanto para la firma de los convenios suscritos como para la elaboración del plan de abastecimiento.
En el escrito, con fecha del 12 de marzo, ha pedido también los documentos que justificaban "la situación de emergencia de los Ayuntamientos para cubrir las nuevas necesidades de agua para usos urbanos, turísticos, residenciales, abastecimiento de agua potable para industrias vinculadas la red municipal".
El Ministerio Fiscal considera que el Gobierno de la Región de Murcia -a cargo del PP- y dos empresas privadas, una de ellas Cobra -filial del grupo ACS de Florentino Pérez-, planificaron las estructuras societarias que provocaron el agujero millonario en la planta construida en 2005. La acusación se basa, entre otros, en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) con fecha 29 de enero de 2018 y en la declaración de los investigados.
Otros testigos
"Lo cierto es que se pasa de una obra de 40 millones de euros [...] a 111 millones, y de ahí a más de 134 millones, aparte los compromisos financieros y los asumidos luego por la promotora y Cobra Concesiones S.A.", ha subrayado la fiscal, que además hace hincapié en que aún se desconoce el costo total de la desaladora.
De ahí que también se requieran las declaraciones en calidad de testigos de otras cuatro personas para esclarecer lo ocurrido: José Salvador Fuentes Zorita, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura entre 2004 y 2010; Eduardo José Garro Gutiérrez, Interventor General de la Comunidad murciana desde 2005; Francisco Ferrer Meroño, director de los Servicios Jurídicos murcianos entre 2005 y 2010; y la representante del Servicio de Intervención Fiscalización de la Comunidad murciana en el período 2005-2016.
Como ya publicó Vozpópuli, la fiscal ya había señalado por escrito su hartazgo ante la gestión que ha hecho el Gobierno de Murcia de esta empresa de capital mayoritariamente público. De hecho, reclamó a la juez a cargo de la investigación que se nombrara a un "interventor judicial" para que controle los pagos que el Ejecutivo murciano abona a la firma de Florentino Pérez con créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
