Los llaman 'colaboracionistas'. O 'botiflers'. Son los funcionarios, empleados públicos, trabajadores de la Generalitat que durante estos largos seis meses de aplicación del 155 se han mostrado relativamente complacientes con los dictados de Madrid. Circulan ya listas con los nombres de estos 'cómplices' con el Estado. Desde el núcleo que rodea a Carles Puigdemont se reciben informes, delaciones, chivatazos. Hay casos anecdóticos, como no firmar un manifiesto, no bajar a la protesta en la puerta de la consejería, no llevar el lacito amarillo, y otros más severos, como por ejemplo, excederse a la hora de pasar información al interlocutor correspondiente del Gobierno central.
La maquinaria de la Administración catalana ha funcionando sin contratiempos durante este periodo extraordianrio. El diálogo entre Madrid y Barcelona ha sido fluido, sin encontronazos. Mucho mail, mucho teléfono y poco contacto físico. "Parecía un imposible", comentan algunos afectados por la nueva situación, "pero todo se ha llevado con naturalidad, sin contratiempos".
El coordinador invisible
No ha habido 'hombres de negro', enviados especiales de Moncloa para controlar sobre el terreno el día a día. Ni siquiera se ha visto físicamente a Roberto Bermúdez de Castro, nombrado por Soraya Sáenz de Santamaría como el coordinador máximo de esta singular etapa. Cuando el secretario de Estado aterriza en Barcelona, despacha desde la delegación de Gobierno. Aluna vez ha puesto el pie en una consejería. Cuando lo ha hecho, pocos lo han visto.
La colaboración entre las partes ha sido razonable, sin salirse de la normalidad. Incluso Elsa Artadi, la número dos de Carles Puigdemont, siguió ejerciendo en su cargo de directora general de Coordinación Interparlamental, un destino nombrado a dedo y por el que devengaba 6.000 euros al mes. Sáenz de Santamaría siempre se ha referido en tonos elogiosos hacia ese nivel de entendimiento, y ha subrayado la buena marcha de los trabajos en las distintas instancias catalanas.
Ni siquiera se ha tocado un lápiz, un texto, un comentario o un programa en el seno de TV3, el 'canal de odio', según dice Arrimadas. Apenas 250 ceses y 40 organismos suprimidos o intervenidos. La gran mayoría, del Diplocat, la fábrica de vender la internacionalización. También algunos mandos de los Mossos, sustituidos luego por otros de perfil también secesionista.
"No se ha hecho sangre", asegura esta fuente. Ni un grito, ni un episodio incómodo. La maquinaria administrativa funciona sin sobresaltos. Quizás todo ha ido demasiado bien. El equipo de Puigdemont, formado por un grupúsculo de talibanes del secesionismo, recibe comentarios, mensajes, chivatazos sobre algunos funcionarios y empleados que han sido poco sensibles con los 'mártires' del procés. Un ayuntamiento, una consejería, una diputación... las denuncias no tienen ámbitos concretos.
En el momento mismo en que un nuevo 'president' sea finalmente investido y nombre a su 'Govern', el 155 dejará de funcionar. Entonces, muy posiblemente, empezarán a circular esas listas. Y algunos cargos dejarán de serlo. Y algunos contratados, quizás perderán el empleo. Se prepara un 'purga' suave, comentan estas fuentes. Nadie conoce sus dimensiones.
