Política

La jueza que acorrala a Casado fue asesora del 'sorayista' Rafael Catalá

La magistrada Carmen Rodríguez Medel pertenece a una asociación profesional conservadora y fue asesora del anterior ministro de Justicia antes de llegar al juzgado de Instrucción número 51

  • Pablo Casado, en su comparecencia de este lunes en Génova

Antes de que la instructora del 'Caso Máster' se pusiese la venda de la Justicia en los ojos, la jueza Carmen Rodríguez Medel fue asesora en el Gobierno del entonces ministro de Justicia Rafael Catalá. La magistrada desempeñó durante el año previo a su aterrizaje en el juzgado de Instrucción número 51 de Madrid las labores de adscrita a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia junto a uno de los ministros que con más entusiasmo ha apoyado la candidatura a la Presidencia del PP que Soraya Sáenz de Santamaría perdió finalmente contra Pablo Casado.

Rodríguez Medel, que pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura que es ideológicamente conservadora, ha sido también la responsable de la imputación de Cristina Cifuentes por falsificación y cohecho.

Curtida en el 'Caso Malaya'

El estreno de la jueza contra la corrupción se produjo en un juzgado de Marbella en uno de los casos más sonados de los últimos años: el 'Caso Malaya'. La magistrada llevó instrucciones relacionadas con la trama de corrupción urbanística que acabó con una de las redes de extorsión más mediáticas y escandalosas de los últimos años y que acabó con Juan Antonio Roca, hombre fuerte del Ayuntamiento de Marbella en la época del GIL, en prisión por el saqueo de las arcas municipales.

Aspirante a sustituir a Garzón

Rodríguez Medel optó hace ocho años a ocupar la vacante dejada tras la caída de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. La magistrada llegó a 'la final' junto a Carmen Lamela y Pablo Ruz, pero la sala de Gobierno optó el único hombre de entre los aspirantes.

La titular del Juzgado de Instrucción 51 está comprometida en la lucha contra la corrupción, como manifestó en la Comisión Constitucional del Congreso en septiembre de 2017 cuando aseguró que compartía "plenamente" la necesidad de mejorar "los instrumentos legislativos en la lucha" contra la lacra que ha hecho temblar los cimientos de la política española.

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