El PP ha tomado buena nota de que la calle no está para una movilización sine die contra Pedro Sánchez y su Gobierno, como propone Vox -el domingo no logró la asistencia deseada a las manifestaciones convocadas frente a los ayuntamientos-, y de ahí que Pablo Casado aclarara este lunes ante la Junta Directiva Nacional que hará una oposición todo lo dura que sea necesaria, pero "leal" al Estado y en el Parlamento. Dicho de otro modo, se trata de "llevar la voz de la calle al Congreso y no la voz del Congreso a la calle", en palabras del portavoz en el Senado, Javier Maroto.
No hay un PP duro y otro blando, insistió Casado ante barones como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, o el andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, quienes defienden que un partido "de Estado" no debe romper todos los puentes con el PSOE pese a la "gravedad" de la situación que vive España después de que Sánchez haya abierto las puertas del poder a Unidas Podemos y a los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) solo para mantenerse en la Moncloa.
Eso sí, este lunes, tras lo vivido en la investidura y el debate posterior, no era día para exhibir discrepancias. Ni siquiera para interpretaciones. Por eso, nadie tomó la palabra después del presidente del PP y se limitaron a brindarle una larga ovación; ya habían hablado antes en la calle para respaldarle, ahora que saben que el PSOE intenta abrir brecha en la sede Génova.
'No' a un PP "desestabilizador" y "bronco"
"No voy a liderar un PP desestabilizador ni bronco, pero tampoco ingenuo o incauto", les garantizó Pablo Casado, porque "lo peor que podemos hacer es asumir las divisiones que se nos quieren crear", dijo Casado ante el máximo órgano de su partido. La izquierda va a intentar presentarles como "una derecha dura, crispadora, desagradable", con el interés nada disimulado de "neutralizarnos como oposición y blanquear al Gobierno más ultra" que ha tenido España en los cuarenta años de democracia.
Y es que este lunes empezó siendo un día difícil para el líder del PP, que 'desayunó' con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. De hecho, Casado se enteró minutos antes de presentar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en un acto de Nueva Economía Fórum. "¿Se imaginan qué habría dicho de nosotros si el PP hubiese nombrado fiscal general a Alberto Ruiz-Gallardón?".
La primera decisión de la oposición dura del PP es anunciar un recurso legal contra el nombramiento de Delgado; no porque espere que prospere sino para 'enseñar los dientes' al PSOE
Tras esa reflexión se fue a la sede de Génova con los suyos y allí, ya con la cabeza más fría, anunció que va a presentar ante el Tribunal Supremo un recurso contra el nombramiento de Delgado porque "vulnera el estatuto" del Ministerio Fiscal en sus artículos 7 y 59. La situación fue definida por Casado como un ataque a la división de poderes contra la que piensa oponerse porque "el PP no va a aceptar la pretensión de la izquierda de desjudicializar la política, sino que vamos a trabajar sin descanso para despolitizar la justicia".
Fuentes del PP reconocen que ese recurso tiene pocas posibilidades de prosperar, ya que hay antecedentes de políticos en activo metidos a fiscal general -el exministro socialista Javier Moscoso fue elegido en 1986 cuando había vuelto a ser diputado del PSOE-, pero se trata de "enseñar los dientes" al Gobierno, al que no piensan pasar una.
Los populares harán una oposición leal, pero, de momento, no tienen intención de aceptar el "diálogo" que les ha ofrecido el presidente del Gobierno en materias como la renovación de cargos institucionales. Consideran que la actual mayoría conservadora, sobre todo en el Tribunal Constitucional (TC), puede ser un 'dique de contención' contra las medidas que pacten los socialistas con ERC y con el president de la Generalitat, Quim Torra, en la polémica mesa de negociación a la que quieren llevar nada menos que el derecho de autodeterminación de Cataluña.
