El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado hoy en el Senado que él ha defendido "siempre" la labor de la Fiscalía General del Estado y de "todos y cada uno" de los más de 2.400 fiscales que la integran.
Catalá ha hecho esa afirmación en su respuesta al senador de Podemos Joan Comorera, quien le ha recriminado el "daño irreparable" que el Ejecutivo puede causar a la Justicia y le ha pedido explicaciones sobre los acontecimientos que han afectado a la Fiscalía en las últimas semanas.
Entre otras cuestiones, por los motivos de la renovación de la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal; por la filtración al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del escrito de la Fiscalía en el caso Púnica; por los motivos por los que él "se posicionó" contra las fiscales que no quisieron firmar ese escrito o por lo que ha tachado de "purga de fiscales".
Catalá, a quien el Consejo Fiscal reprochó sus críticas a las fiscales de Púnica, ha subrayado que él defiende a todos los miembros de la carrera y que el Ejecutivo "en absoluto" tiene la intención de intervenir en la autonomía del Ministerio Público.
Ha recordado que la Constitución y el Estatuto del Ministerio Fiscal regulan esa autonomía, así como los principios de "unidad de acción" y la "dependencia jerárquica". Es decir, que no decide una persona, sino la institución, y tiene procedimientos regulados para ello.
Algo que -ha dicho- "está muy bien", porque permite que se tomen las decisiones "con transparencia", algo que no debe preocupar, dado que es muestra de que la institución funciona.
El senador de Podemos también ha instado al ministro a aclarar las presiones o intimidaciones que denunció el exfiscal jefe de Murcia Manuel López Bernal. Catalá ha indicado a que a él le preocupa que los fiscales se sientan desprotegidos o presionados, pero ha recordado, de ser así, pueden recurrir a los tribunales o a la propia Fiscalía.
Comorera también ha advertido al ministro que, a la vista de cómo funciona la Fiscalía, su partido no va a apoyar el cambio del modelo penal que ha anunciado el Ejecutivo y que pasa por dar la dirección de las investigaciones al fiscal.
El ministro ha reiterado que se trata de un modelo que funciona en todo el mundo con éxito, pero ha dejado claro que el Ejecutivo no lo va a imponer y solo lo implantará "si hay consenso".
