Política

Choque sin precedentes entre Senado y Congreso que acabará con la tramitación de la Ley de Amnistía en el TC

Alicia García anunció este martes ante Bolaños una acción inédita en 45 años de democracia: la apertura de un conflicto de atribuciones entre ambas cámaras

  • Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, charla con Francina Armengol y Pedro Rollán, presidentes de Congreso y Senado, respectivamente, el pasado 11 de marzo, en Madrid. -

La XV legislatura parece abocada a generar continuas situaciones históricas. Desde su misma concepción en las urnas el 23 de julio y desde su mismo nacimiento en el Congreso el 17 de agosto. Dure lo que dure, tal es el endiablado equilibrio de fuerzas políticas e institucionales. ¿El primer elemento de volatilidad? La disonancia partidista entre la tintineante mayoría (si contamos a Junts) que el Gobierno de coalición suma en el Congreso y la mayoría absoluta que el PP tiene en el Senado. Un consabido dique de contención que, puesta en marcha la tramitación de la Ley de Amnistía, el corazón de la montaña de ese ochomil que a diario escala Pedro Sánchez para gobernar, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha puesto a funcionar.

El informe emitido este lunes por los letrados del Senado prendió la mecha. El PP hunde en él todos sus razonamientos, comprando, tanto en público como en privado, su terminología. El documento de 69 páginas elaborado por la secretaría general de la Cámara Alta advertía que la tramitación de la Ley de Amnistía suponía "una reforma constitucional encubierta" y una "invasión del contenido esencial de varios derechos fundamentales y de la separación de poderes", para los letrados, "las dos notas características de la Constitución". Un aldabonazo jurídico contra las intenciones del Gobierno en el que el PP ha encontrado una base jurídica firme para accionar un mecanismo inédito: el comprendido en el artículo 188 del Reglamento del Senado.

"Quiero anunciar que el Grupo Parlamentario Popular va a proponer que esta Cámara, en defensa de sus atribuciones constitucionales, inste formalmente al Congreso de los Diputados a la retirada de la proposición de la Ley de Amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución", comunicó este martes en el Senado la portavoz popular en esta cámara, Alicia García, durante su interpelación al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, hombre capital en la negociación -la de la amnistía con Junts y ERC- capital de la legislatura.

Hablamos de un precepto que establece que dicha acción, la de plantear un conflicto de atribuciones con otros órganos constitucionales del Estado, podrá ser impulsada por un grupo parlamentario o 25 senadores con un texto debidamente motivado. "Es un trámite fraudulento porque está vulnerando también los derechos de los senadores", consideran fuentes del PP en el Senado consultadas por Vozpópuli.

¿Y después? El Senado deberá de formalizar la petición en un pleno que aprobará -la mayoría absoluta del PP le permitirá hacerlo, claro- el requerimiento al Congreso para que retire la proposición de ley. Será entonces cuando la Cámara Baja esté sometida a un plazo de 30 días para contestar. Si no lo hace -es decir, si incurre en silencio administrativo- o la respuesta es negativa el siguiente paso no es otro que elevar al Tribunal Constitucional un conflicto de competencia.

No es ninguna revelación afirmar que es justo ahí hasta donde el PP quiere llegar. Un conflicto al más alto nivel entre las instituciones presididas por Pedro Rollán (Senado) y Francina Armengol (Congreso) ante el máximo órgano de revisión constitucional; dibujando, además, una situación jamás dada en 45 años de democracia. Será el sexto conflicto de intereses entre órganos constitucionales, sí; pero también el primero entre ambas cámaras.

No es la única vía hasta el TC

Las mismas fuentes consultadas explican que el PP, con este movimiento, no alterará los plazos previstos para la tramitación de la Ley de Amnistía. Es decir, su aprobación en el Congreso sigue prevista para el próximo 16 de mayo, sólo cuatro días después de las elecciones catalanas que tienen al exministro Salvador Illa (PSC) como favorito en las encuestas.

El PP tampoco ha atendido a la petición pública de Pepa Millán, portavoz parlamentaria de Vox, de paralizar directamente su tramitación en el Senado. Un extremo que también abordado en el informe de los letrados y tachado por ellos mismos de inconstitucional: un trámite obligatorio para Rollán. "Hay que validarla", zanjó Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, minutos después de la petición de Millán. "Es el TC quien decide si una cosa es constitucional o no lo es, nadie más", añadió. No en vano, la portavoz de Vox también solicitó la acción ejercitada finalmente por el PP.

El PP, no obstante, no agotará la vía del Tribunal Constitucional con esta maniobra. La Ley de Amnistía es un río que, para Génova, desemboca en delta y no en estuario en los tribunales. Por ello, una vez aprobada, el PP adelanta que presentará un recurso de amparo ante el Alto Tribunal.

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