Ciudadanos quiere que el nuevo Govern de la Generalitat impulse "la aprobación urgente de un plan de choque para el regreso de las empresas" que, desde el pasado mes de octubre, decidieron trasladar su sede fuera de Cataluña por la inestabilidad política.
Para lograrlo, ha registrado una propuesta de resolución en el Parlament, consultada por Europa Press, que insta a la Generalitat a elaborar un plan que incluya "un ambicioso programa de incentivos fiscales, financieros y administrativos" para estas compañías.
El partido que lidera Inés Arrimadas esgrime que este plan de choque debe tener como principal objetivo conseguir "restablecer la seguridad jurídica, la confianza y el regreso de empresas", ya que considera alarmante la fuga que se ha producido desde otoño de 2017.
La propuesta de Cs también persigue que el Govern realice un informe detallado "de las causas y los efectos económicos y sociales que está produciendo el traslado de sede sociales y fiscales" desde Cataluña a otros lugares del Estado.
Ciudadanos es el primer partido del Parlament, con 36 diputados, pero, para conseguir que prospere su idea de hacer este encargo el Govern, deberá convencer al resto de partidos no independentistas y, además, al menos a uno de los tres grupos soberanistas: JxCat, ERC o la CUP.
Si la propuesta prospera, la Cámara dará "un plazo máximo de tres meses" al Govern para que presente en comisión parlamentaria tanto el informe económico detallado, como las medidas concretas del plan de choque en cuestión.
Fuentes de Cs consultadas por Europa Press han explicado que llevarán la propuesta de resolución a una de las comisiones del Parlament, pero que contemplan desarrollarla con propuestas más concretas que entonces sí llevarán al pleno de la Cámara.
INFORME ESTADÍSTICO
La iniciativa que Cs ha registrado en la Cámara adjunta las conclusiones de un informe del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Inmuebles de España, relativo al traslado de sedes sociales entre las diversas comunidades autónomas.
Según estos datos, Cataluña ha sufrido en el último semestre "el traslado de sede de más de 3.500 empresas", convirtiéndose en la comunidad autónoma con más salidas, mientras que otras autonomías registran saldos positivos en este balance.
El informe registró para el primer trimestre de 2018 un saldo negativo en el traslado de sedes sociales en Cataluña de 1.254 empresas, mientras que otras comunidades fue positivo: Comunidad de Madrid (771), Aragón (99), Baleares (64) y Comunidad Valenciana (164).
El informe calcula que desde el 1 de octubre de 2017 Catalunya ha perdido la sede social de empresas que suponen una facturación equivalente al 30 por ciento del PIB catalán, además del 85 por ciento de su valor bursátil --entre otras, multinacionales y grandes bancos--.
IMPLICACIONES
Cs alude a otro informe, en este caso del Banco de España, que estima que "la inestabilidad política y la incertidumbre" en Cataluña han supuesto una pérdida de 31.400 millones de euros en depósitos bancarios entre octubre y diciembre de 2017.
El partido de Arrimadas esgrime que la sede social de una empresa no es solo una dirección en una escritura notarial, sino que su cambio supone el traslado de personal directivo y administrativo con "la consiguiente pérdida de puestos de trabajo en Cataluña".
Por último, alega que el domicilio fiscal determina el lugar donde se pagan los impuestos de las empresas, por lo tanto, los cambios de domicilio fiscal supondrán "sin duda una merma en la recaudación fiscal de Cataluña".
