La Comisión de Venecia no se plantea modificar sustancialmente el borrador de su evaluación sobre la ley de amnistía que filtró el Gobierno la semana pasada, según ha sabido Vozpópuli. La Comisión debatirá entre el jueves y el viernes el dictamen. Y emitirá su informe definitivo en los próximos días, probablemente la semana que viene.
El capítulo de la Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa, se cerrará probablemente en tablas. No se prevén cambios de calado en el texto ya conocido. Su veredicto sobre la ley de amnistía a la medida de Carles Puigdemont y el independentismo catalán es, según fuentes consultadas por este diario, el típico ejemplo de cómo decir una cosa y dejar una puerta abierta a la contraria para contentar a todas las partes.
“El Gobierno dice que el borrador avala la ley de amnistía y el PP que recoge sus principales objeciones", dicen estas fuentes. "El dictamen final irá probablemente en la línea que ya hemos conocido, sin grandes novedades".
Alegaciones del Senado en Venecia
El presidente del Senado, Pedro Rollán, tiene previsto presentar alegaciones en su intervención del viernes, según indican desde la Cámara Alta a este diario. El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, fue el que hizo la petición para que evaluase la ley. Los integrantes de la Comisión visitaron España en febrero para mantener diversas reuniones con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
A pesar de las alegaciones presentará Rollán, el PP tampoco espera que se produzcan cambios y considera que la Comisión ya recoge "objeciones muy serias a la ley".
"Se cuestiona su encaje constitucional, se denuncia la arbitrariedad en el ámbito de aplicación, el procedimiento de urgencia utilizado o la supresión del efecto suspensivo de las cuestiones de inconstitucionalidad", explican fuentes populares. "Además se dice con claridad que la legitimidad final de la amnistía no es la reconciliación, sino un pacto de gobierno".
La Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, más conocida como la Comisión de Venecia por su ubicación en la ciudad italiana, es el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional.
Su papel es brindar asesoramiento jurídico a sus Estados miembros y, en particular, ayudar a los Estados que deseen adecuar sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos.
Bolaños ve "avalada" la amnistía
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, filtró el borrador elaborado por la Comisión a principios de mes. Y aseguró que el Gobierno tenía el aval internacional de este órgano. Pero lo que hizo Bolaños fue retorcer el informe, seleccionando un fragmento de las conclusiones. Concretamente, Bolaños recurrió al punto 115, en el que la Comisión de Venecia no ve que la norma vulnere la separación de poderes.
El órgano considera "lógico" que haya excepciones en las competencias procesales de los tribunales como consecuencia de la supresión retroactiva de la responsabilidad penal que implica la amnistía. Esto da la razón al uso del texto de Bolaños aunque omite, eso sí, que la Comisión considera que la ley debe interpretarse de manera que no prive de efecto práctico al control jurisdiccional del proyecto, especialmente en materia constitucional.
El texto preliminar de la institución, sin embargo, se aleja de constituir un aval claro a la ley de amnistía. Llama a precisar qué define la malversación o revisar apartados técnicos como las consideraciones sobre la inclusión de los delitos de terrorismo en la amnistía.
Sobre el terrorismo, el borrador revisa la propuesta de la amnistía, que especifica la exclusión de los delitos de terrorismo que cuentan con una sentencia firme. "La amnistía se aplica habitualmente también a procesos pendientes, por lo que el criterio de la fase del procedimiento debería ser irrelevante", apunta la Comisión.
Más allá del debate comunicativo sobre qué parte tiene o no razón, fuentes comunitarias contrarias a la amnistía señalan que lo importante es que las instituciones internacionales de todo tipo -incluida la Comisión- conozcan esta ley y "el riesgo que supone para el Estado de Derecho en España".
