El PSOE saca la artillería contra Isabel Díaz Ayuso en plena irrupción de noticias por el 'caso Koldo'. La Fiscalía se ha querellado contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por el presunto fraude fiscal de 350.000 euros en negocios realizados en la pandemia. Ayuso afirma, en cambio, que su novio no solo no debe dinero a Hacienda sino que es esta la que debe a su pareja 600.000 euros. González ejerció de intermediario entre FCS Select Products -el proveedor prioritario de Salvador Illa- y Mape Asesores, una empresa de distribución farmacéutica radicada en Galicia. El novio de Ayuso consiguió que Mape Asesores comprase material sanitario a Select Products, por lo que se llevó una comisión de cerca de 2 millones de euros.
A continuación, Mape Asesores habría vendido este material a QuirónPrevención. Mape Asesores tiene contratos con la Comunidad de Madrid y otras comunidades autónomas, pero también con el Ministerio de Sanidad en la etapa de Salvador Illa. Como ha comprobado Vozpópuli, esta empresa forma parte del 'megacontrato' que Illa elaboró para abastecer de material sanitario a las comunidades autónomas.
De un total de 475 ofertas, Mape Asesores resultó una de las 155 seleccionadas, al igual que la UTE formada por Ferrovial y Soluciones de gestión -la empresa de la trama Koldo-. La empresa para la que medió el novio de Ayuso consiguió hacerse un hueco en tres de los lotes que el equipo de Salvador Illa ofreció a todas las comunidades autónomas, menos la Comunidad Valenciana. Mientas, la UTE de Ferrovial y Soluciones de Gestión accedió a dos lotes.
La denuncia de la Fiscalía por fraude fiscal en dos ejercicios y por falsedad documental contra González ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, el cual ahora tendrá de decidir si abre o no diligencias contra la pareja de la presidenta madrileña. Este juzgado, a cuyo frente se encuentra la magistrada Inmaculada Iglesias, ya inadmitió la denuncia interpuesta contra el que fuera presidente del PP, Pablo Casado, y el exsecretario general de la formación, Teodoro García Egea, por el presunto espionaje al hermano de Ayuso tras constatar que cobró 234.000 euros por su mediación en el suministro de mascarillas.
En el megacontrato de Illa, Mape Asesores ofreció mascarillas quirúrgicas a 9 céntimos, las FFP2 a 46 y las FFP3 a 1,4 euros. Cabe señalar que el precio de las mascarillas quirúrgicas de este contrato -firmado en diciembre de 2020- resultan 21 veces más baratas que las que FCS Select Products vendió al Ministerio de Sanidad en marzo (a 1,90 la unidad).
Esta última compañía, contratada por Sanidad a dedo y pagando más de 260 millones por adelantado, habría pactado con Alberto González comisiones del 4,5% por los contratos que consiguiera. La pareja de Ayuso sirvió de enlace con Mape Asesores, que gastó 42 millones en material sanitario con este proveedor. Una empresa especializada en la comercialización de productos de marketing de bebidas alcohólicas que se hizo de oro vendiendo mascarillas al Ministerio de Sanidad y, por lo que se ve, a la sanidad privada. Sus administradores fueron condenados por estafa en 2015.
Los correos de Mape con Sanidad
Mape también aparece en el sumario del caso Koldo al haber concurrido al megacontrato de Sanidad que se financió con fondos europeos. La UCO analizó la cadena de correos que esta empresa gallega se intercambió con responsables de Ingesa -dependiente del Ministerio de Sanidad- a finales de 2021. Al respecto consta como desde la firma se solicitó la devolución del aval que depositaron para acceder a la licitación al no haber realizado “suministro alguno”.
“Queríamos saber si ya nos pueden devolver las garantías definitivas constituidas para el lote 7, 8 y 9. Hasta la fecha no hemos realizado suministro alguno”, reza la comunicación enviada el 23 de noviembre de aquel año. Es decir, ninguna comunidad autónoma accedió a adquirir mascarillas con esta empresa del megacontrato. En su respuesta, Ingesa explicó que la devolución de la garantía se gestionaría de oficio por el Ministerio de Asuntos Económicos una vez que hubiera finalizado el acuerdo marco. Con todo, les facilitaron otro correo de la dirección de la página web del Tesoro Público y, en concreto, el apartado de depósitos y garantías.
Pese a que desde Sanidad les insistieron en que no tenían que hacer gestión alguna y que la devolución era automática, a principios de enero de 2022 Mape volvió a contactar con este órgano para insistirle en que todavía no habían recibido orden de cancelación de dichas garantías. En respuesta, Ingesa determinó que realizaron todas las gestiones necesarias para que pudiera ser reintegrada “la garantía definitiva” depositada en su día para concurrir a este megacontrato de Sanidad.
Contrato con fondos UE
Como desveló este medio, se trata de una licitación que se costeó con fondos europeos. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción informó a la Fiscalía Europea de que el contrato de 263 millones de FCS Select Products para el suministro de material sanitario se pagó, en parte, con dinero comunitario. Se trata de una de las principales licitaciones de material sanitario que efectuó la Administración en lo peor de la pandemia.
