El juez que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Lezo', Manuel García-Castellón, mantiene la declaración como imputado prevista para este jueves del expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón por la ruinosa compra en 2001 de Inassa, la filial latinoamericana de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II, según consta en un auto de 1 de junio al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El instructor ha rechazado hacer caso a Gallardón, que le pedía que le ampliara la información sobre los motivos de su imputación, ya que considera que ha dado todas las explicaciones necesarias. Sin embargo, el abogado de Gallardón cree que su cliente debería declarar en el Supremo y no en la Audiencia Nacional.
Para llegar a esta conclusión, el exalcalde de Madrid destaca que Carlos Yáñez, el anterior fiscal del caso, dejó escrito antes de abandonar el caso que todos los integrantes del Consejo de Gobierno presidido por Gallardón que compraron Inassa deberían declarar como imputados. Y entre estos políticos que formaban el Gobierno de Gallardón en 2001 se encuentra el ahora diputado del PP en el Congreso José Ignacio Echániz, que está aforado ante el Supremo.
En este sentido, Gallardón explica además que desde el 17 de octubre de 2017, fecha en la que el juez de refuerzo aludió supuestamente a la imputación de los integrantes del Consejo de Gobierno que aprobaron la compra de la filial del Canal de Isabel II, el juez García-Castellón "se habría arrogado una competencia instructora de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al existir entre los miembros del Consejo de Gobierno que colegiadamente adoptaron el referido acuerdo de 29 de noviembre de 2001 personas que actualmente ostentan la representación de los ciudadanos en el Congreso de los Diputados", especifica un escrito del abogado del exalcalde de Madrid de 30 de abril.
Incumple la ley
Por ello, el exministro de Justicia considera que de confirmarse que todos los integrantes del Consejo de Gobierno están imputados, pese a que no han sido citados y no se alude a ellos en ningún auto, el juez García-Castellón "habría incumplido el mandato legal básico de su función como órgano instructor de garantías".
Sin embargo, el instructor ha rechazado hacer cualquier aclaración, por lo que mantiene la fecha de la declaración de Ruiz-Gallardón, prevista para este jueves, pero también la de los otros dos cargos imputados: el que fuera número dos en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital, Manuel Cobo (miércoles, 6 de junio), y el exconsejero madrileño Carlos María Mayor Oreja (martes, 5 de junio), hermano del exministro del PP Jaime Mayor Oreja.
Los comparecientes y el exsubsecretario de Justicia Juan Bravo Rivera interpusieron un recurso de reforma contra la decisión del juez de citarles con una providencia de 26 de abril, pero también contra un auto de 11 de mayo en el que García-Castellón rechazaba aportar más información sobre su decisión de llamarles a declarar como imputados, ya que considera que está suficientemente explicada.
Explicación clara
El juez no quiere aclarar su providencia y resalta que su resolución cumple todos los parámetros de fondo y forma legalmente establecidos en la ley, y al contrario de lo que aseguran los imputados, sí les ha informado de forma suficiente de los hechos que se les atribuyen.
"Basta leer los autos referidos en la providencia recurrida, así como el contenido de las cédulas de citación de cada recurrente, dónde se detallan de forma clara y sucinta los hechos que se les imputa como los delitos", completa el magistrado en su auto de 1 de junio.
