La actividad legislativa en el Congreso de los Diputados no ha sido especialmente prolija en los ocho meses transcurridos desde la investidura de Mariano Rajoy. Más bien al contrario. Sólo cinco leyes, incluyendo aquí la de los Presupuestos de 2017, han terminado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las consecuencias del 26-J, comicios de los que salió el Parlamento más atomizado de la Democracia, comienzan a verse. El fin del bipartidismo, con la irrupción de dos formaciones emergentes que rompen los ejes izquierda-derecha, y la conformación del Gobierno más débil desde la Transición han sumido al poder legislativo en una preocupante sequía.
Mientras el Ejecutivo de Rajoy, como ya hiciera asiduamente en su anterior mandato, ha venido recurriendo a la vía rápida para legislar (17 decretos-leyes frente a seis proyectos de ley), la productividad del Congreso en la acción legislativa ha sido limitada. Las cuatro únicas proposiciones de ley que han salido de la Cámara baja y han visto la luz desde el pasado noviembre son una suscrita por el Grupo Popular, el Grupo Socialista y Ciudadanos de reforma de la Ley de asistencia jurídica gratuita; otra, a iniciativa de los populares, que modifica la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y dos proposiciones de ley orgánica impulsadas también por el PP.
La primera de éstas fue la que improvisaron los populares para evitar que unas terceras elecciones cayeran en Navidad. Así, se recortó a ocho días la campaña electoral sólo para los casos de repetición de comicios por falta de investidura. Y la otra proposición de ley orgánica fue básicamente de trámite para relajar los objetivos de déficit autonómicos. Ambas tuvieron el voto favorable del PSOE y Ciudadanos, mientras que Unidos Podemos se abstuvo en la primera y votó en contra en la segunda.
Sin embargo, los socialistas sí rechazaron la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, aunque el Gobierno de Rajoy consiguió sacarla adelante con Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, PNV, Coalición Canaria y el voto del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que se desmarcó del PSOE pese a compartir lista con dicha formación en las generales del 26-J. Los PGE de 2017 son uno de los seis proyectos de ley que el Ejecutivo ha llevado a la Cámara y ha logrado el respaldo de la misma. Los otros cinco generaron menos problemas que el de los PGE al tratarse de la transposición de directivas europeas.
El papel de Ciudadanos
Con todo, la pasada semana fue una de las más fructíferas en acuerdos. Y Ciudadanos tuvo un papel determinante. El partido naranja logró, por ejemplo, el apoyo del PP, en cumplimiento de su acuerdo de investidura, a su proposición de Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo, la primera que impulsó la formación centristas en el Congreso. Ahora el texto ha sido remitido al Senado, donde el presidente de C's, Albert Rivera, espera que el PP "no ponga más trabas".
Y otra proposición de ley que el jueves superó el trámite del Congreso, siendo remitida a la Cámara alta, fue la reforma de la ley de RTVE para "recuperar la independencia de la Corporación y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos". Esta iniciativa impulsada por el PSOE (fija la elección de un nuevo presidente y Consejo de RTVE en tres meses y por concurso público) salió aprobada por unanimidad del Pleno. El PP terminó sumándose a última hora para no perder la votación, fundamentalmente después del pacto alcanzado por el PSOE de Pedro Sánchez y Podemos y de que Ciudadanos no esperara a los populares (garantizar una RTVE más neutral e independiente está en el pacto de investidura).
