El líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha denunciado que la Fiscalía "encubre" la "tortura" policial del 1-O y ha pedido al Tribunal Supremo su absolución porque las protestas contra el registro en la consellería de Economía se celebraron en un ambiente "pacífico y festivo".
Así lo sostiene Cuixart en el escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso Efe, que presentará ante el Supremo de cara al juicio a la cúpula del procés, en el que afronta una petición fiscal de 17 años de cárcel por un delito de rebelión, del que pide quedar exonerado porque alega que únicamente se limitó a defender derechos sociales y políticos de forma pacífica.
En su escrito, Cuixart pasa a la ofensiva y denuncia que el juicio se celebrará en "un grave contexto de excepcionalidad jurídica fruto de la voluntad de los poderes del Estado de proteger a toda costa, incluso suspendiendo los derechos civiles y políticos democráticos, la unidad territorial española".
Para la abogada de Cuixart, Marina Roig, el punto de partida de la acusación contra el líder de Òmnium es su participación, intervención pública y convocatoria de manifestaciones de carácter masivo "de naturaleza pacífica" y que por lo tanto "no pueden ser incriminadas ni ser sustrato de acusación alguna por delito porque un mismo hecho no puede ser al mismo tiempo delito y ejercicio de un derecho fundamental".
Trayectoria de Cuixart
Tras recordar la trayectoria de Cuixart en defensa de los derechos humanos, el escrito rebate la principal acusación en su contra, sobre el cerco a la comitiva judicial durante el registro a la consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, y resalta que nadie intentó impedir la labor de la justicia, ya que la protesta se mantuvo fuera del edificio "durante todo el día en un ambiente reivindicativo pero pacífico y festivo".
Por el contrario, Cuixart denuncia que la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la jornada del 1-O "supone un evidente acto de tortura o de trato inhumano o degradante".
Cuixart recuerda que muchos agentes llegaron a Cataluña procedentes de otros puntos de España, donde fueron despedidos "arengados con gritos de '¡a por ellos!'", y sostiene que el 1-O actuaron con "violencia injustificada" sobre una población "pacífica que sólo pretendía depositar una papeleta en una urna en un ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión".
Según Cuixart, la "utilización desproporcionada de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad del Estado incluyó "empujones, patadas, golpes de porra, tirones de pelo, golpes con las manos, tirones de oreja, tirones de mandíbula de abajo a arriba, lanzamiento de personas desde escaleras, golpes con los escudos de las unidades de antidisturbios, lanzamiento de balas de goma prohibidas en Cataluña, golpes con la culata de las armas, y gases lacrimógenos".
Como consecuencia, cerca de un millar de votantes resultaron heridos, según dice el escrito, que precisa que algunos agentes también sufrieron lesiones debido al "propio uso desproporcionado de la fuerza".
"A excepción de la actuación individual y aislada de menos de una decena de personas, los más de dos millones de votantes tuvieron un comportamiento ejemplar, cívico y pacífico en todo momento recurriendo a métodos de resistencia pacífica a pesar de la violenta actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", expone.
En este sentido, Cuixart dice que la "construcción" de la acusación por parte de la Fiscalía supone un "menosprecio" a los heridos del 1-O y anticipa un juicio "que más que defender derechos de la ciudadanía y luchar contra las formas de tortura y tratos inhumanos y degradantes, genera impunidad de los mismos y por lo tanto contribuye a su encubrimiento".
"Vulneración de derechos humanos"
Como en anteriores escritos, la defensa de Cuixart denuncia que en el procedimiento judicial contra el procés no se han respetado sus derechos y advierte de que si hay condena el caso llegará a una sala de justicia internacional, que condenará a España "por vulneración de derechos humanos".
"La actuación de Cuixart no fue delictiva", insiste el escrito, que alega que el presidente de Òmnium actuó "consciente de su compromiso democrático en la defensa de los derechos humanos y libertades públicas, incluido el derecho a la autodeterminación, y ante la negativa cerrada de un Estado a ofrecer vías de diálogo, trabajó incansablemente para la protección de dichos derechos en el marco del conflicto político que se vive entre Cataluña y el Estado español".
En el escrito, la defensa de Cuixart muestra también su sorpresa ante el hecho de que la Fiscalía "criminalice" el lema político "¡No pasarán!", utilizado por el líder de Òmnium, y recuerda que fue usado en 1936 por parte de los que se mantuvieron firmes contra el "golpe de estado" y en defensa de la Democracia y la República.
"Pretender derivar de la expresión de este lema algún tipo de consecuencia penal no solo es contrario al derecho a la libertad de expresión, sino que además demuestra un evidente desconocimiento histórico de la significación de este lema en la historia contemporánea universal dado que dicho lema fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial como consigna antifascista y ha llegado hasta nuestros días", señala.
