La CUP entró en el Parlamento catalán jugando el rol de enfant terrible de la política catalana. A pesar de presionar a ERC y Junts per Catalunya para llevar el procés hasta sus últimas consecuencias, es la única de las tres formaciones independentistas que no ha sufrido las consecuencias judiciales del desafío separatista.
Su apoyo externo al Govern, sin responsabilidades ejecutivas, le ha librado de las condenas de cárcel o, incluso, de las de inhabilitación. Este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya condenaba a los cuatro miembros de la Mesa del Parlament durante el 1-O a 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros a excepción de Mireia Boya, diputada de la CUP.
El tribunal ha considerado que al no haber sido advertida nominalmente por el Tribunal Constitucional en sus diversos requerimientos y no ostentar una posición de intervención en los hechos compatibles con el tipo penal de la desobediencia quedaba exonerada de los cargos que pedía la acusación contra ella.
La propia Boya ha mostrado su sorpresa al salir de los juzgados, cuando en un mensaje en sus redes sociales decía que “no podía estar contenta con la sentencia” por la pena que recaía sobre sus cuatro compañeros de Mesa, Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí).
Respecto a su absolución, aseguraba que el Tribunal Constitucional no podía advertirla por “no tener legitimidad” para decirle “qué debatir o qué aprobar”. No obstante, el TSJC ha considerado a los cuatro exmiembros de la Mesa autonómica culpables de desobediencia al tramitar resoluciones del procés contrarias a su ámbito de competencia y contrarias al Tribunal Constitucional.
És evident que el TC no em podia advertir, no té legitimitat per dir a cap diputat què pensar, què debatre, què aprovar. La irregularitat democràtica és que l’advertiment il·legítim hagi comportat presos, preses, exiliats i exiliades polítiques.
— Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) October 19, 2020
Dependencia de la CUP
En los años más álgidos del procés, el Gobierno de la Generalitat, conformado por Junts y ERC, ha dependido siempre de la CUP para tener mayoría en el Parlament. Esta situación creó tensiones entre los grupos, ya que la beligerancia de los antisistema con “el Estado español” se quedaba en el plano de la retórica. En cambio, sí tenía consecuencias para los miembros del Ejecutivo catalán cada vez que superaban el umbral de la legalidad.
Entre sus logros políticos está “haber enviado a Artur Mas a la papelera de la historia” y encumbrar a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Sin embargo, en la actualidad han perdido parte del encanto que tenían entre el universo independentista cuando llegaron a las instituciones. Su paso indemne por el procés es parte de este desencanto.
Los que más aprietan y los que menos sufren
Aunque algunos dirigentes locales tienen investigaciones abiertas, de momento la única condenada (seis meses por inhabilitación) con la que cuenta la formación anticapitalista es la alcaldesa de Berga Monsterrat Venturós. Y por hechos que no están relacionados con el procés.
La alcaldesa de la localidad se negó a retirar en 2015 una bandera independentista de la fachada municipal y fue condenada. Pese a amagar con desobedecer, cumplió con las órdenes judiciales. Y una vez volvió a su cargo y ante un nuevo requerimiento por parte de la Junta Electoral Central de retirar otra bandera, la primera edil decidió retirarla antes que enfrentarse a nuevas imputaciones.
El caso de Anna Gabriel
Anna Gabriel fue imputada, junto a Mireia Boya, por desobediencia. No obstante, nadie entendió su huida a Suiza. A diferencia de Puigdemont, Marta Rovira y el resto de exconsellers no se enfrentaba a ninguna pena de cárcel. Y la absolución de su compañera de partido deja entrever cuál hubiera sido su situación de haberse quedado en territorio español.
Distintas voces han apuntado que su huida fuera de España forma parte de una estrategia para que la CUP tuviera también “represaliados”. No solo ERC y Junts, ya que el desafío separatista estuvo promovido por las tres formaciones.
La CUP sigue manteniendo su retórica frentista y apuesta por recuperar la vía ilegal del 1 de octubre. Pero su pérdida de apoyo electoral (sin representación en el Ayuntamiento de Barcelona) en las últimas citas con las urnas apuntan a que es poco probable que tengan la ascendencia sobre el Gobierno de la Generalitat de la que ha gozado en los últimos tiempos.
