Política

El caso 'Begoña Gómez' desgasta a Marlaska: PP y Vox exigen información por el despliegue policial en los Juzgados

Una de las derivadas políticas del vaso 'Begoña Gómez' alcanza de pleno a Fernando Grande-Marlaska, tras las solicitudes de información planteadas por la oposición

Una de las derivadas políticas del caso 'Begoña Gómez' ha alcanzado de pleno al ministro Fernando Grande-Marlaska. El despliegue policial en las inmediaciones del Juzgado de Plaza de Castilla con motivo de la declaración de la esposa de Pedro Sánchez ha ha propiciado el malestar de la oposición, que exige información sobre las razones de la magnitud de este dispositivo: el Partido Popular exige la comparecencia del titular del Interior, mientras que Vox ha solicitado una batería de preguntas en el Congreso que tendrá que ser respondida por Moncloa en tiempo y forma.

Los hechos que constituyen la polémica política tuvieron lugar este viernes. Begoña Gómez declaró ante el juez en el marco del caso que investiga el magistrado Juan Carlos Peinado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en base a las recomendaciones de la esposa de Pedro Sánchez a la UTE de la que formaba parte el empresario afín Juan Carlos Barrabés, que finalmente tuvo adjudicaciones por valor superior a 10 millones de euros.

La declaración de Begoña Gómez

En uno de los casos más mediáticos de los últimos años, Begoña Gómez accedió en coche oficial al edificio de Plaza de Castilla, a través del garaje ubicado en uno de los laterales del edificio, esquivando así a la prensa.

La Policía Nacional desplegó además un amplio dispositivo para impedir la proximidad a prensa -a la que se emplazó a un espacio de marquesina separado de los juzgados por la calzada- y a los manifestantes -que se ubicaron en la acera contraria-.

La esposa de Pedro Sánchez, además, tendrá que acudir a dependencias judiciales durante las comparecencias de Juan Carlos Barrabés, previstas para la semana que viene.

Un dispositivo de seguridad que presumiblemente se repetirá en fechas próximas: tras suspenderse la declaración inicial de Begoña Gómez por no trasladarle formalmente los motivos de la investigación, finalmente se le citó el próximo 19 de julio. La esposa de Pedro Sánchez, además, tendrá que acudir a dependencias judiciales durante las comparecencias de Juan Carlos Barrabés, previstas para la semana que viene.

PP y Vox, ante Marlaska

Ante estas citaciones, el Ministerio del Interior tendrá que montar nuevos dispositivos de seguridad, con el precedente de la controversia que el primer despliegue ha suscitado entre la oposición.

Como contó Vozpópuli, el Partido Popular (PP) ha registrado una solicitud de comparecencia en la Comisión del Interior del Congreso de los Diputados para que Fernando Grande-Marlaska dé explicaciones sobre el dispositivo de seguridad en torno a los Juzgados de Plaza de Castilla.

En concreto, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha registrado una solicitud para que Fernando Grande-Marlaska explique, ante la Comisión de Interior, "el excesivo dispositivo de seguridad, con respecto a otras actuaciones, ante los Juzgados de Plaza de Castilla el día que compareció la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en calidad de investigada.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
El ministro del Interior, Fernando Grande-MarlaskaEuropa Press

Por su parte, Vox ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados exigiendo más información sobre el despliegue de seguridad en torno a la declaración de Begoña Gómez. Así, solicitan conocer el número de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comprometidos en el "dispositivo de seguridad, protección y comunicación" empleados durante la comparecencia de la esposa de Pedro Sánchez.

Asimismo preguntan al Ministerio del Interior "cuánto ha costado el despliegue de seguridad, protección y comunicación establecido para la comparecencia".

Cabe recordar que la Fiscalía Europea asumió la parte de las pesquisas relacionadas con los contratos a la UTE de Barrabés, empresario próximo a Begoña Gómez, con The Valley, costeados con fondos comunitarios. El juez Penado, no obstante, mantiene abiertas sus diligencias por otros contratos a Barrabés.

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