El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a seguir legislando a golpe de decreto hasta el día de las elecciones generales aunque las Cortes estén ya disueltas. El Ejecutivo socialista quiere rescatar en plena precampaña algunas de las leyes que quedaron en el tintero tras el fracaso del proyecto presupuestario de 2019.
Pero para que esos eventuales decretos entren en vigor necesita el visto bueno del Congreso. Como las Cortes se disuelven el próximo 4 de marzo, los socialistas confían en recabar los apoyos de Podemos y de los partidos independentistas PDeCAT y ERC en la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que sigue activo entre los períodos ordinarios de sesiones y cuando hay convocatoria de elecciones.
La revisión de la reforma laboral del PP o la recuperación del subsidio de desempleo a mayores de 52 años son algunos de los puntos a los que el Consejo de Ministros podría dar luz verde en sus próximas reuniones. Sin embargo, muy pocos de los decretos aprobadas a lo largo de la democracia por la Diputación Permanente del Congreso tienen un calado político tan marcado.
Sequías e inundaciones
Tras la disolución de las Cortes el 27 de octubre de 2015 se aprobó un decreto con medidas urgentes por los temporales de lluvia en Canarias y en el sur y este peninsular en septiembre y octubre de ese año.
En la novena legislatura fueron cinco los decretos a los que el Congreso dio el visto bueno. Después de la disolución del 27 de septiembre de 2011 se aprobó un crédito extraordinario para el Ministerio de Trabajo; otro por el que se creó el fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito.
Asimismo, se convalidó el que contemplaba medidas urgentes por el terremoto de Lorca; otro con medidas fiscales y laborales para la isla de El Hierro; y uno más que regulaba bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para personas de la ONCE. Este también incluía medidas para los afectados por la crisis de la bacteria "E.coli".
Renta e inmigrantes
En la octava legislatura, tras disolverse las Cortes el 15 de enero de 2008 se aprobó un decreto que determinaba el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para 2008 y concedía un crédito extraordinario para la acogida e integración de inmigrantes. En la sexta legislatura, (18/01/2000), se aprobó otro con medidas de mejora de la protección familiar de la Seguridad Social.
Más prolíficas fueron la quinta y la cuarta legislatura. En 1996 se aprobaron un total de siete: uno para compensar los daños por la rotura de la presa de Tous. Otro con normas sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas; un tercero con medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, quizás el de mayor calado político.
Más prolíficas fueron la quinta y la cuarta legislatura. En 1996 se aprobaron un total de siete y en 8 en 1993
Se aprobó asimismo otro más amplio con créditos extraordinarios sobre retribuciones de personal activo, la financiación de la Sanidad Pública, el traspaso de competencias a las comunidades autónomas en materia de universidades, la participación en los ingresos del Estado de las comunidades autónomas y corporaciones locales y determinadas actuaciones inversoras en la cuenca del Guadalquivir. Asimismo, el Congreso dio luz verde a tres más. Uno de ellos modificaba el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otro preveía medidas para reparar daños por inundaciones y temporales.
Tajo y Segura
En la cuarta legislatura, tras la disolución del Congreso el 13 de abril de 1993, la Diputación Permanente convalidó ocho decretos más. Uno por la rotura de la presa de Tous; otro que autorizaba actuaciones en las cuencas del Tajo y el Segura; uno más sobre subvenciones de gastos electorales de los comicios de 1991; un cuarto que modificaba el IVA, el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte y medidas fiscales para Canarias.
Asimismo, se aprobó otro con medidas urgentes para reparar los efectos de la sequía; y uno más que contemplaba ayudas para afectados por el VIH como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema sanitario público. Uno más sobre prestaciones por desempleo y un último que regulaba el contrato de adquisición de la colección Thyssen-Bornemisza.
I y II Legislatura
Al finalizar la segunda legislatura (23/04/1986), el Congreso aprobó uno sobre el servicio público de la estiba. Al terminar la primera (31/08/1982), la Diputación Permanente aprobó nueve decretos más. Uno regulaba la intervención del Estado en la central nuclear vizcaína de Lemóniz.
Otro sobre la Orquesta Nacional de España; uno más con fondos para las elecciones generales de 1982; otro sobre la sequía y el que fijó en sesenta y cinco años la edad de jubilación forzosa de los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Educación General Básica (EGB).
Por otro lado, se convalidó un decreto con fondos de garantía de depósitos en Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito; otro sobre emisiones de Deuda Pública del Estado y Deuda del Tesoro; y un último sobre medidas urgentes para reparar los daños causados por inundaciones.
