A Vox se le atragantó este lunes el cierre de listas para las elecciones generales del 28 de abril. A pocas horas de concluir el plazo para el registro de candidaturas ante la Junta Electoral, se abrieron tres nuevos frentes para el partido de Santiago Abascal.
El presidente de la formación en León, Carlos Portomeñe, fue destituido de su cargo por al dirección nacional tras conocerse su conexión con la Fundación Francisco Franco, de la que presuntamente habría recibido fondos. Además, quien lideró el partido entre 2014 y 2016, José Carlos Rúa, dejó la organización por desavenencias con la cúpula.
En unas conversaciones desveladas por la Cadena Ser, el primero narra al segundo su contacto con el portavoz y patrono de la Fundación Franco, Jaime Alonso. "Hemos quedado y me ha dicho que está con nosotros absolutamente y que nos va ayudar", asegura. "Es un tío con línea directa con el partido en Madrid" que "habla tres veces al día con Abascal", remata.
Asimismo, el periódico La Marea destapó que uno de los miembros del partido en Toledo, José Ignacio Vega Peinado, fue condenado a cuatro años de cárcel por pertenecer a un grupo neonazi que agredió en los noventa a un profesor de la Universidad de Valencia causándole una discapacidad del 20 por ciento.
La dirección informó en un comunicado que se trata de "un militante de base" sin "ningún cargo dentro de la estructura del partido". Una fórmula idéntica a la empleada con José Antonio Ortiz Cambray, el líder de la formación en Lérida detenido por presuntos abusos a menores.
Asimismo, el partido fulminó a la dirección provincial en Alicante y nombró una gestora. La hasta ahora presidenta, Ana María Cerdán, presentó este sábado su renuncia al cargo. Fuentes del partido apunta a motivos personales. La dirección pasa ahora a manos de Ana Vega, que ocupó funciones en el área jurídica en la Ejecutiva provincial.
Las buenas perspectivas electorales y la supresión de las primarias para optar a un cargo público han abierto guerras entre los sectores de un partido con una todavía incipiente implantación territorial. En Cantabria bajan las aguas revueltas a dos meses de las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo.
La mitad de la Ejecutiva cántabra dimitió el pasado jueves denunciando las "imposiciones" del presidente autonómico, Ricardo Garrudo, elegido por Abascal como cabeza de lista al Congreso para las generales. La crisis se desató después de que Garrudo quisiera nombrar como candidato a la Presidencia de Cantabria al abogado Cristóbal Palacio, que se ha sumado recientemente a las filas del partido.
