Los empresarios a los que la Generalitat encargó elaborar, imprimir y repartir 80.000 carteles de propaganda sobre el referéndum del 1-O desconocían que la celebración de la consulta era ilegal. Según dicen, se enteraron cuando la Guardia Civil apareció en su negoció y se incautó de todo el material. Alegan que no tenían por qué estar informados del debate que ha inundado los medios de comunicación durante el último año ya que no acostumbran a leer el BOE todos los días para saber las decisiones del Tribunal Constitucional.
Este argumento les ha dado resultado hasta ahora a los hermanos Marc y Ricard Martí, responsables de la empresa MM Barcelona. El Juzgado de Instrucción número 20 de la ciudad condal archivó el pasado 14 de febrero la investigación que había iniciado contra ellos por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. El sobreseimiento provisional contó además con el visto bueno de la Fiscalía.
Los hechos se remontan al verano pasado cuando dos diseñadores gráficos que decían trabajar para la Generalitat acudieron a la empresa de los hermanos Martí para hacer un pedido. Ante el volumen de cartelería a imprimir, subcontrataron a otra compañía, también investigada por la Justicia. El mismo día que la empresa MM Barcelona recibió los carteles, el 15 de septiembre, se personaron en sus dependencias los agentes de la Guardia Civil. Los hermanos Martí defienden que el pedido se hizo el 28 de agosto, días antes de que el 7 de septiembre el Tribunal Constitucional anulase el referéndum.
Sostienen en su descargo que “difícilmente puede tenerse como notificación válida la publicación en el BOE de una providencia dictada por el Tribunal Constitucional, cuando el receptor es un simple empresario quien no se informa diariamente de lo publicado en los diarios oficiales”. Así lo exponía su abogada en el escrito por el que pidió el archivo de las actuaciones ante el Juzgado de instrucción número 20, que terminó accediendo a sus pretensiones.
Dicen que no cobraron
En su defensa añadían que ningún cartel llegó a exhibirse al público ya que fueron intervenidos por las autoridades. Cabe recordar que la campaña no se había iniciado aún. Los hermanos Martí tenían en su poder un total de 83.517 carteles publicitarios de diferente tamaño llamando a la participación en el referéndum ilegal, pero dicen que no llegaron a cobrar ningún dinero por estos trabajos.
La Fiscalía alegó que, aunque no se les hubiese notificado personalmente la resolución que suspendía la consulta, podían haber colaborado a quebrantar dicha suspensión “teniendo en cuenta que la misma era de conocimiento público”. No obstante, el Ministerio Público añadió que “no hay que suponer que habrían puesto en circulación los carteles a pesar de la suspensión”. Por ello se mostró a favor del archivo.
El pasado 14 de febrero el Juzgado de Instrucción Número 20 saldaba la cuestión con un auto de apenas un folio en el que dictaba el sobreseimiento de la causa “por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito”. El pasado marzo el Juzgado de Instrucción número 13, que investiga desde el principio el 1-O,volvió a citó de nuevo a declarar a uno de estos dos empresarios en calidad de investigados, razón por la que su abogada le remitió archivo dictado en su día por el Juzgado número 20.
