Política

Entrevista | Juan Bravo: "La deriva de Sánchez con los separatistas pone en riesgo las cuentas públicas"

El responsable económico del PP defiende la viabilidad del actual sistema de pensiones y recuerda, frente a la migración circular, que 500.000 españoles se marcharon en 2023

Las paredes del despacho de Juan Bravo (Mallorca, 1974) en la quinta planta de Génova resumen el itinerario seguido hasta ser "el hombre de los números" de Alberto Núñez Feijóo, según el rol/apodo asignado en la trastienda por el equipo del líder gallego del PP. Hay fútbol, hay familia, hay números. Porque, catapultado hasta la vicesecretaria de Economía del PP tras su desempeño como consejero de Hacienda en el primer gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, Bravo fue portero de fútbol sala y sirvió tragos al otro lado de la barra antes de ser inspector de Hacienda. 

De todo hay rastro en un despacho cuya pizarra y cristales están plagados de cifras y conceptos pintados con rotulador. Jeroglíficos para el común de los mortales que Bravo trata de aterrizar pedagógicamente. Nada le obsesiona más a este hombre con nombre de comunero. Será por ello que, ahora, como si los nombres transmitieran por ósmosis el deber, lucha contra un "concierto separatista" que trata de privilegiar a unos sobre otros. Hablamos de ello, pero también de cómo revertir el invierno demográfico, de inmigración o del futuro de las pensiones.

Pregunta. Los barones del PP lanzaron el pasado lunes una ofensiva pública contra el pacto de PSOE y ERC que incluye una "financiación singular" para Cataluña, pero falta plasmar negro sobre blanco su propuesta común.

Respuesta. Lo que manifestaron fue un rechazo absoluto a ese concierto separatista, a esa independencia fiscal que Sánchez, a cambio de seguir siendo el presidente y de que Illa fuera investido, ha ofrecido a los separatistas, que no a los catalanes. En el PP llevamos tiempo trabajando y hemos adelantado algunas de las propuestas que entendemos que son necesarias para un nuevo sistema de financiación. Propuestas que tampoco están muy lejos de aquello que propuso la propia María Jesús Montero cuando era consejera de Hacienda [de la Junta de Andalucía], que han defendido consejeros del PSOE o ha sido manifestado por los propios expertos.

Buscamos, por tanto, un sistema que trabaje desde la multilateralidad –creo que es lógico evitar la bilateralidad–, que dote de un fondo transitorio o que permita acompañar a las comunidades autónomas en el gasto en Sanidad, en Educación, en políticas sociales. Y que tenga en cuenta esas variables que dificultan la actividad de las comunidades autónomas, como la dispersión, el envejecimiento, el coste efectivo o los costes de vida. El objetivo es que todas las comunidades tengan los recursos necesarios para los ciudadanos, para que reciban los servicios del Estado del bienestar en condiciones de igualdad.

P. El próximo viernes, 6 de septiembre, es una fecha marcada en rojo en el calendario del PP. Feijóo presidirá una cumbre de presidentes autonómicos para fijar una posición. Usted estará presente como vicesecretario de Economía. ¿Cuál es el objetivo? ¿Firmarán un documento? ¿Limarán las asperezas que todavía hay entre algunos territorios?

R. Hay una clara preocupación ante la deriva que ha cogido Sánchez con los separatistas y que pone en riesgo las cuentas públicas. Informes independientes como los de FEDEA [Fundación de Estudios de Economía Aplicada] han puesto de manifiesto lo que esto significaría: una pérdida de recursos para el conjunto de los españoles de entre 6.500 y 13.500 millones de euros. Si lo traducimos, por ejemplo, a Sanidad, 150.000 médicos menos. Si lo trasladamos a Educación, 260.000 profesores menos. Si hablamos de infraestructuras, por ejemplo, 25 hospitales menos cada año.

Los presidentes autonómicos quieren poner en valor esta situación para ser un freno y poner todo lo que esté en su mano para evitar que se produzca este fraccionamiento: crear españoles de primera y españoles de segunda. Frente a lo que dice el Gobierno de España, el PP tiene una propuesta. Y los presidentes autonómicos y los consejeros de Hacienda están de acuerdo con ella. Requiere trabajo, esfuerzo, generosidad, solidaridad, pero la propuesta tiene que ser entre todos. Pero es el Gobierno de España el que tiene que presentar la suya para poder empezar a trabajar.

P. ¿Están esperando la propuesta del Gobierno para mover fichar, para presentar su propuesta?

R. Claro. María Jesús Montero, cuando era consejera en Andalucía, exigía a [Cristóbal] Montoro que, como Gobierno, debía liderar el proceso de financiación autonómica. Parece lógico que sea la ministra Montero la que lidere el proyecto. Es verdad que es difícil que lo haga, porque cuando ella tenía la gran mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como era incapaz de poner de acuerdo a sus comunidades –Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura–, nunca lo intentó ni lo hizo. Ahora piensa que los demás tenemos los mismos problemas que ella. Por suerte, tanto el presidente Feijóo como los presidentes autonómicos tienen muy claro que hace falta una nueva reforma del sistema de financiación para todos los españoles, también para los catalanes, pero sin olvidar a los los murcianos o a la gente de Baleares.

P. Acudió a usted en junio a una entrevista en la COPE con un documento de 12 páginas que contenía las guías del proyecto que ha trabajado con los consejeros de Hacienda del PP. Ese plan bebe del no nonato sistema de financiación que diseñó Montoro, ¿verdad?

R. Aquí se dicen muchas falsedades a lo largo debate. Hay que recordar, primero, que María Jesús Montero calificaba de prioritario –durante sus cinco primeros días como ministra– cambiar el sistema de financiación. Han pasado seis años y no se ha hecho nada. En segundo lugar, cuando el Gobierno dice que ha aportado no sé cuántos millones de euros, no es verdad. Ese dinero ni siquiera es de las comunidades autónomas, es vía comunidades autónomas para la Sanidad, la Educación y las políticas sociales de cada ciudadano. En tercer lugar, ese dinero tiene que estar utilizado de manera más eficiente. Dicen que Montoro y el gobierno de Rajoy no hicieron nada. Pues mire, nada más llegar, Montoro y Rajoy tuvieron que ampliar las liquidaciones negativas que había dejado Zapatero –el de los recortes, Zapatero–, que dejó liquidaciones negativas para las comunidades, que como no podían pagar, Rajoy, al mes, tuvo que ampliarlas a diez años. Al año, tuvo que ampliar hasta veinte años la devolución.

"Montero calificaba de prioritario cambiar el sistema de financiación. Han pasado seis años y no se ha hecho nada" Juan Bravo

Además, se hizo el pago a proveedores, que salvó de la quiebra a la gran mayoría de las pymes de este país gracias a que puso dinero encima para pagar. Después, como las comunidades no eran capaces de obtener dinero en los mercados, creó el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Extra FLA para dotar de financiación a costes más bajos al conjunto de comunidades autónomas. Al hacerlo a costes más bajos, les estaba dando dinero a las comunidades. Fue en el año 2017 cuando Rajoy dijo que era el momento de un nuevo sistema de financiación.

P. Aquella Conferencia de Presidentes de enero de 2017.

R. Exactamente, lo mismo que le estamos pidiendo ahora al Gobierno de España. En aquella ocasión, Rajoy les dijo a los presidentes autonómicos: "Me dice el ministro que hay capacidad económica para poder abordar un nuevo sistema de financiación, ¿os parece bien?". Los presidentes autonómicos dijeron que sí. Segundo paso, reunión con los consejeros de Hacienda y Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tercer paso, comité de expertos. Cuarto paso, el documento que elaboró el comité de expertos. ¿Cuál fue el quinto paso? Montoro se reunió con el PSOE para, desde la lealtad, presentarles el documento a las comunidades autónomas y empezar a hablar con todas ellas. Se metieron por medio los Presupuestos de 2018 y la moción de censura. Desde ese movimiento que hizo el gobierno de Rajoy y el ministro Montoro, no se ha vuelto a hablar de financiación.

P. Ese 'plan Montoro' planteaba una reestructuración de la deuda. ¿Lo plantean también ustedes? ¿Descartan una condonación?

R. Ese comité de expertos hablaba de la necesidad de una reestructuración de la deuda, pero no de condonación. Hablaba, por ejemplo, de ver de qué manera se podía hacer más eficiente para que el coste de los intereses fuera lo más bajo posible, o de cómo avanzar el proceso desde el FLA hasta la salida de los mercados para dotar de mayor autonomía a las comunidades autónomas. Pero no contemplaba en ningún caso la condonación de la deuda. Lo que seguro no aparece –y nadie compartía– es que eso se hiciera de manera bilateral.

P. Reestructuración sí, condonación no, está clara su posición.

R. En principio, es lo que planteábamos. El problema que tenemos en España ahora mismo, y que ha generado el señor Sánchez, es que tenemos más de 400.000 millones de euros de deuda. Cada día, 210 millones de euros de deuda más. Y eso, evidentemente, hay que trabajarlo, hay que estructurarlo, porque el Gobierno de España va a pagar aproximadamente 40.000 millones de intereses por el pago de la deuda.

P. La Ejecutiva Socialista de Aragón ha sido la primera en dar su 'no' oficial al concierto catalán...

R. ...concierto separatista. Se lo digo porque parece algunos quieren hacer creer que esto es un enfrentamiento contra los catalanes. No, es al revés. En el PP somos los primeros en defender que hace falta un nuevo sistema de financiación para Cataluña y más recursos para los catalanes. Pero lo mismo que para Valencia, para Baleares, para Madrid, para Castilla-La Mancha, para Castilla y León, para Extremadura, para Asturias... Fíjese, ¿qué ha sido lo primero que se han sentado a negociar los independentistas con el señor Illa? Subir los impuestos o, por lo menos, no bajarlos; no deflactar el IRPF, no reducir el impuesto de sucesiones y donaciones... O sea, continuar con el infierno fiscal para los catalanes.

P. Justo lo que eran sus medidas estrella.

R. Correcto, lo que sirvió para que Andalucía creciese como ha crecido. ¿Y por la parte del gasto? Cataluña tiene el presidente más caro, el gobierno más amplio y más caro de su historia y, lo más importante, lo que han negociado, que no ha sido Sanidad, Educación y políticas sociales, sino las embajadas. Entiendo que los señores del PSOE de Aragón digan 'no' al concierto separatista, 'no' a la independencia fiscal de Cataluña y 'no' al castigo a los catalanes.

P. Pero es que, además, no son sólo las cuitas internas que están proliferando en en el PSOE los únicos problemas de Sánchez. Compromís o la Chunta Aragonesista ya han dicho que no están de acuerdo. Parece que tendrá muy difícil sacar esa norma en el Congreso de los Diputados.

R. Sí, pero lo importante no es decirlo, lo importante es hacerlo. Con la amnistía también escuchamos a mucha gente que no le parecía adecuado, pero cuando llegó el momento de la verdad, ¿se pusieron del lado de los ciudadanos o del lado de Sánchez? Se pusieron del lado de Sánchez y votaron lo que quería Sánchez.

P. ¿Ha hablado con la señora Montero?

R. No.

P. ¿Hace cuánto que no hablan?

R. Mucho, prácticamente nada desde que estamos aquí. Solamente cuando intentamos negociar el documento [en abril de 2022]... ¿Se acuerda? Nos llamó para ver si éramos capaces de ceder, le planteamos lo que teníamos encima de la mesa, consiguió el acuerdo del PNV y ni siquiera llamó para decir que al final no le hacía falta.

P. Siendo 11 presidentes autonómicos, un vicepresidente y los dos presidentes de las ciudades autónomas del PP resulta curioso no hayan hablado para reformar el sistema de financiación autonómica.

R. Pero no solamente esos 14. El sistema de financiación se tiene que hacer teniendo en cuenta a Castilla-La Mancha, a Asturias, a Cataluña, incluso tendríamos que tener en cuenta el País Vasco y Navarra. Seguro que el sistema que se creó en el año 2009, con una situación y una realidad concretas, difiere de las necesidades que tenemos hoy en día. Si nos acercamos al informe que ha hecho FEDEA, ¿qué dice? Que si el concierto separatista y la independencia fiscal se extendiese al resto de comunidades dificultaría las cuentas públicas del Estado. Dice, oiga, esto afectaría, directamente, por ejemplo, a las pensiones o al gasto en Defensa. Y conllevaría, seguramente, una subida de impuestos para todo el conjunto de españoles. Nosotros queremos más recursos para pensiones, más recursos para Sanidad... Y, si es posible y se puede hacer, bajar los impuestos a los españoles.

P. Cambiando ahora de tercio, aunque no tanto. Hay un debate latente en la sociedad que ha explotado con más fuerza que nunca esta semana: la inmigración. En su gira por Mauritania, Gambia y Senegal, el presidente del Gobierno ha hablado de migración circular y de la necesidad de incorporar entre 200.000 y 250.000 migrantes para mantener el Estado del bienestar. ¿Qué le parece?

P. La primera cosa que sorprende es que se ofrecen 250.000 puestos de trabajo, pero, si usted se acerca al INE, en España solamente faltan 140.000 puestos por cubrir. Entonces, ¿para qué necesitamos 250.000? Nosotros defendíamos que en España hay un millón de puestos de trabajo que no se cubren, dicho por los distintos sectores cuando te apuntan las necesidades que tienen. Lo primero que tenemos que afrontar es que tenemos más 3,3 millones de desempleados. Hay fórmulas para intentar acercar a esas personas que buscan un empleo a las necesidades del mercado laboral, con formación o con sistemas modernos que permitan el perfilado. Pero aquí eso no preocupa, no es lo importante.

"Está muy bien que venga gente, pero en el último año se han ido más de 500.000 personas" Juan Bravo

P. Mucha gente echa por tierra ese argumento porque muchos de esos trabajos son rechazados por los españoles. El trabajo en el campo, por ejemplo, o una serie de trabajos que la inmigración cubre porque que los españoles no los quieren.

R. Creo que trabajar siempre es honroso. Yo primero he trabajado de camarero y me siento muy orgulloso de haberlo hecho. Lo que es eternamente difícil para cualquier ciudadano es no tener la oportunidad de trabajar. Pero veamos un poco las incongruencias. ¿Qué es lo que decía el PP? Todo lo que está copiando Sánchez. Cuando hablábamos de las pensiones, por ejemplo, hablábamos de tener una política de inmigración que nos permita también dotarnos... Porque de la natalidad, ¿quién habla? Fíjese, en el año 2008 nacieron 520.000 niños, y en el año 2023 han nacido 323.000. Son 200.000 niños menos, un 40% menos. ¿Qué políticas ha ofrecido Sánchez de natalidad? ¿Qué propuestas hace para que nuestros jóvenes puedan tener niños? ¿Qué futuro damos en nuestro país para que la gente, los jóvenes, no se nos marchen?

Está muy bien que venga gente, pero recordemos que en el último año se han ido más de 500.000 personas. Y, precisamente, la gente que se marcha no de perfil bajo, sino de perfil alto, con los costes que eso representa desde el punto de vista social, personal, de población, de recursos económicos. Nosotros defendemos una migración ordenada, ser muy serios con aquellos que delinquen, devolver a sus países a aquellos que han entrado de manera irregular. Eso es lo que nosotros defendemos.

P. Muchas de las cosas que ha dicho Sánchez esta semana han sido defendidas anteriormente por el PP, como usted ha recordado, pero ha sido muy criticado por ustedes por "alentar un efecto llamada".

R. Pero nosotros reclamamos una política, una serie de medidas que en su conjunto sean aplicadas. Ahora, si todo el mensaje que transmite Sánchez es dar papeles a 250.000 personas de un país concreto sin tener en cuenta otras derivadas y al día siguiente lo que dice es que hay que deportar a todos los que vengan, y cada día voy cambiando, eso es lo que provoca. Cuando alguien tiene una política seria y coherente y la lleva a cabo, funciona. Cuando vas a salto de mata, no. Claro que si vas solamente a un país y haces ese mensaje provocas un efecto llamada. Eso es lo que nosotros decimos, pero el Gobierno no quiere escuchar nada. Su soberbia le llevó a intentar apañarse con sus socios, que no no quisieron apoyarle, por lo que no pudo sacar nada adelante.

P. Hablamos de la fallida modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

R. Repartir gente solamente. Escúcheme: son personas. Somos un país que ya tiene mucha gente de otros países, y creo que funciona. Tenemos que hacer una política integral que abarque todas las fases y que ofrezca una respuesta, no sólo para esos menores no acompañados, también para los mayores. Necesitamos ofrecer una respuesta para el mercado laboral, trabajar conjuntamente con los sectores que reclamen su necesidad, dar una respuesta seria y decidida con aquellos que delinquen, con aquellos que no vienen a aportar... Estamos viendo declaraciones y actuaciones, por ejemplo, en Alemania o en Suecia, muy claras y muy determinadas de esa política. Hay que ofrecer seguridad y estabilidad tanto a los de dentro como para los que quieran venir. En el camino también se queda mucha gente que no llega, y eso parece que a veces se nos olvida.

P. ¿Hay que hacer deportaciones masivas como dice canciller alemán, Olaf Scholz?

R. Ahí hay un problema, no tanto con el concepto de deportaciones, sino con el de masivas. La propia Unión Europea, y puede parecer lógico, establece que esas salidas, esas deportaciones, se hagan previo expediente. Lo que es evidente es que el conjunto de los europeos y de los españoles tienen claro que si hay alguien que no viene a aportar, viene a delinquir y a generar problemas no debe estar entre nosotros. Y que el que venga aportar, a trabajar y a ser uno más, esté entre nosotros. Yo creo que el 99% de españoles están de acuerdo en eso.

P. Un equilibrio entre el Gobierno y Vox, según han dicho compañeros suyos como Ana Alós o Borja Sémper.

R. A mí no me gusta poner etiquetas a nadie. Nosotros somos el PP. Venimos a gobernar, a seguir mejorando este país y a hacer los cambios que sean necesarios. Nuestra política en inmigración no busca acercarte a un lado, acercarte a otro o ganar votos. Busca poner orden, cuidar a las personas, permitir esa simbiosis.

P. Volviendo al problema de natalidad al que usted aludía antes, tenía algunas preguntas. ¿Es reversible el invierno demográfico?

R. Hoy tenemos más perros que niños, lo que pone de manifiesto que las familias tienen dificultades para poder conciliar y para afrontar el futuro con seguridad. Vemos que las ayudas que se establecen para las familias no llegan, que ponemos en duda el concepto de familia o de familias numerosas, que no premiamos el trabajo o el esfuerzo de las familias en esa educación. Si queremos tener políticas de natalidad, las tenemos que implementar. Políticas, no inventos. Políticas de natalidad no es dar 400 euros a un joven para cultura que han pagado sus padres. Francia ha hecho políticas de natalidad, ha conseguido mejorar su índice de natalidad y ahora está de los más altos de Europa, cercano al 2%. Hay países que han demostrado que si apuestas e inviertes en natalidad, si trabajas en esa conciliación para que las parejas puedan tener esos niños, sin duda tienes resultados.

"Francia ha hecho políticas de natalidad y ahora tiene un índice cercano al 2%" Juan Bravo

P. Feijóo propuso una serie de bonificaciones fiscales para los jóvenes.

R. Una propuesta para que aquellos jóvenes que empiezan a trabajar no tengan que pagar impuestos el primer año, una bonificación del 100%. El segundo año, del 75%; el tercero, del 50%, el cuarto; del 25%. ¿Para qué? Para poder formar una familia, para poder emprender una empresa, para poder seguir formándose, para comprar una vivienda... Para lo que piden los jóvenes.

P. Juan, tengo 29 años... ¿Disfrutaré de una pensión como la de mis padres?

R. Seguro.

P. Cada pensionista está sustentado por 2,3 trabajadores.

R. Como el PP va a llegar al Gobierno, usted va a tener pensión seguro, porque vamos a hacer los deberes como los hemos hecho cada vez que hemos estado en el poder. Como lo hicimos con el presidente Aznar cuando creamos la hucha de las pensiones, como lo hicimos con el presidente Rajoy cuando salvamos a este país de la quiebra, y como lo volveremos hacer para que no tenga ninguna duda el que tiene 29 o el que tiene 9 años. Lo que generó el gobierno de Zapatero –el que congeló las pensiones– y el de Sánchez –el que ha hecho una reforma que, cuando en el año 2025, se tenga que revisar ya han dicho que no va a cumplir los requisitos– es poner en riesgo las pensiones. Nosotros vendremos a poner orden.

P. Entonces, lo ve viable.

R. Tal y como lo lo tiene diseñado el Gobierno, no. Pero el sistema de pensiones como nosotros lo tenemos planteado será viable. Porque generaremos actividad, crecimiento, oportunidades, mejores salarios, no generaremos deuda innecesaria... Hemos visto últimamente cómo el Gobierno se empeña en decir, lo dijo la propia María Jesús Montero, que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) era clase media. Nuestro objetivo no es que la gente gane el SMI. Nuestro objetivo es que la gente gane más del SMI para que tenga más recursos, para que pueda contribuir más y para que nadie dude del sistema de las pensiones.

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