Publicado: 02/09/2024 04:45
Actualizado: 02/09/2024 04:49
Los vecinos del madrileño barrio de El Cañaveral han vivido una de las peores semanas de sus vidas. En el número 15 de la avenida de Miguel Delibes, una docena de viviendas sufrieron la okupación, algunas de ellas aún sin estrenar, pues es un edificio de reciente construcción. Tras días interminables, con largas jornadas de protestas, los propietarios han tenido un final feliz.
Tras la enorme presión mediática de los vecinos, medios de comunicación y decenas de personas que se solidarizaron con la causa, la empresa propietaria del inmueble acabó contratando una empresa especializada en desalojos para sacar a los okupas de las viviendas del Cañaveral.
Esta dramática situación ha puesto de manifiesto la necesidad de una legislación que permita afrontar este tipo de altercados con el poder necesario. La okupación es un problema que se ha cronificado en España, y es algo que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid quieren solucionar con prontitud.
Lo acaecido en El Cañaveral ha vuelto a poner en pie de guerra al Ejecutivo presidido por Ayuso y al Gobierno central, encapsulado en la figura de Francisco Martín, delegado en la capital y ariete de Moncloa contra las políticas de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
Ayuso reclama medidas contra la okupación
Desde la Comunidad de Madrid han hecho especial hincapié en los últimos días, a raíz del episodio de El Cañaveral, en que "la competencia en materia de seguridad ciudadana recae en el Ministerio del Interior". A la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska le corresponde, de forma única, asegurar a los ciudadanos su bienestar a todos los niveles.
Por ello, el Gobierno de Ayuso se ha dirigido en multitud de ocasiones a Francisco Martín, delegado del Gobierno en la región, para que "inste a su partido a desbloquear en el Congreso la 'Ley Antiokupas'. Una cuya toma en consideración ya aprobó el Senado el pasado mes de febrero de este 2024.
La iniciativa legal, que nace en el seno del PP, propone "mejoras sustanciales que permitirán proteger la propiedad privada, endurecerá las penas por okupación ilegal, facilitará el desalojo de los okupas en 24 horas e impedirá el empadronamiento en las viviendas okupadas". Por último, aspira a habilitar a las comunidades de propietarios para que puedan actuar en los procesos judiciales contra los okupas y adoptar medidas preventivas.
La okupación se dispara con Sánchez
El Ejecutivo regional tiene claro que la inacción de Pedro Sánchez contra la okupación ha sido un factor diferencial para hacer que esta crezca de forma desmesurada desde su llegada a la Moncloa. Fuentes de la CAM señalan que "su ley de vivienda ha provocado que se alarguen los procedimientos de desahucio".
A tenor de los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, el plazo medio de espera para desalojar a los okupas se sitúa en los 20,5 meses, mientras que hace cuatro años era de 4,9 meses. Una diferencia abismal que costará mucho revertir si no se pone en marcha legislación eficaz.
La Comunidad de Madrid dispone del servicio 112 ocupación, integrado en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM), desde donde se facilita el trabajo de las distintas fuerzas policiales que operan en la región, así como su cooperación con los efectivos de emergencias.
Este protocolo ofrece una respuesta inmediata a los perjudicados por un delito contra la propiedad privada, unificando en una sola llamada todos los recursos de los que dispone la Comunidad de Madrid.
Comenzó a funcionar el 23 de junio de 2022, hace ya más de dos años, y ha registrado un total de 3.437 llamadas hasta la actualidad. Gracias a este servicio, doscientos madrileños han sido atendidos por este servicio alertando de una okupación en curso de su propiedad privada. Además, en 35 ocasiones los profesionales han podido evitar la ocupación de una vivienda o desalojar la misma, tras recibir una llamada al teléfono del 112 ocupación e iniciar el procedimiento.
Pese al éxito de esta iniciativa, el Gobierno de Ayuso no cejará en su empeño, junto al PP a nivel nacional desde Génova, en que la 'Ley Antiokupas' vea la luz para que semanas tan terribles como la vivida por los vecinos de El Cañaveral esta semana no se repita nunca más.
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Que recuperar una propiedad lleve 20 meses es una vergüenza para la justicia, los legisladores y una patada al mal calificado Estado de Derecho.
Y estoy siendo muy prudente.
El PP y el Vox valennciano aprobaron la Ley de Concordia contra la Ley de Memoria Histórica. Que la Ayuso haga algo parecido con esa Ley que según el PPVOX tanto favorece a los pobres y desgraciados okupas.
El PP y Vox aprobaron la Ley de Concordia contra la Ley de Memoria Histórica. Que la Ayuso haga algo parecido con esa Ley que según el PP tanto favorece a los pobres y desgraciados okupas.