El exconsejero de empresa de la Generalitat de Cataluña Jordi Baiget ha reconocido este miércoles ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que tenía “miedo” ante la deriva que estaba tomando el Gobierno catalán de Carles Puigdemont, quien le cesó por expresar sus dudas sobre el procés en una entrevista. Tras él declaró también el exjefe de los Mossos, Alber Batlle, quien manifestó que su cese se debió a la "nueva fase política" que emprendió el Ejecutivo autonómico meses antes del referéndum ilegal del 1-O.
Ambos han declarado en calidad de testigos ante el magistrado y han mostrado su desacuerdo con la línea unilateral seguida por Puigdemont y su gabinete. Han reiterado en varias ocasiones que su objetivo siempre fue el lograr una consulta pactada con el Estado, según informan fuentes presentes en el interrogatorio seguido en el Alto Tribunal. Según estas fuentes, Baiget justificó su temor usando como ejemplo las consecuencias que tuvo la celebración de la consulta del 9-N por la que fue juzgado el expresidente Artur Mas y otros dirigentes independentistas.
Los abogados del partido VOX, que ejercen la acusación popular, han afirmado a los medios tras las declaraciones que Baiget ha llegado a decir que la vía unilateral fue una “irresponsabilidad”. Este exconseller fue cesado el pasado mes de julio por el expresidente Puigdemont tras manifestar en una entrevista al diario Punt Avui sus reservas ante el referéndum. En el mismo mes abandonó su cargo Batlle, la persona que designó a Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d’Esquadra. Este mando, cesado de su cargo tras la aplicación del artículo 155 por el Gobierno, se encuentra investigado en la Audiencia Nacional precisamente por su papel en el 1-O. Desde VOX afirman que en su declaración ha admitido que Forn le advirtió de que se pondría a los Mossos al servicio del referéndum.
37 semanas
Batlle estuvo en el cargo 37 semanas bajo la dirección de los consellers Ramón Espadaler y Jordi Jané (quien también declaró ayer como testigo). En julio, tras la designación de Joaquim Forn, fue cesado. En el interrogatorio enmarcó su salida en el deseo del nuevo responsable de la Consejería de contar con su propio equipo, si bien no obvió, porque era “evidente”, que se iniciaba una nueva estrategia en el Gobierno catalán con la que él no estaba de acuerdo.
Forn apenas estuvo tres meses en el cargo, pero es uno de los pocos exconsejeros que sigue en prisión provisional por estos hechos junto con el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras. Forn dijo en varias entrevistas previas al 1-O que los Mossos debían primar los mandatos del Parlament por encima de las decisiones del Tribunal Constitucional que terminó anulando la consulta por ser ilegal.
Más allá de desvincularse de la vía unilateral y el 1-O, ambos testigos aseguraron desconocer la existencia de una hoja de ruta pactada para consumar la independencia. Sobre este punto Baiget ha apuntado que en el Govern había pocas deliberaciones sobre esta cuestión debido a las “filtraciones” y que mientras él estuvo en el gabinete no se tomó ninguna decisión tendente a celebrar el referéndum.
Relación con las empresas
Sobre su relación con las empresa en Cataluña ha destacado que durante su gestión no se produjeron los cambios de domicilio que llegaron después con motivo de la inestabilidad generada por el proceso rupturista. Ha admitido que algunas entidades acudieron a preguntarles por la situación, pero que en el Gobierno no se clasificaba a las compañías en función de su apoyo al proceso soberanista.
Baiget es el cuarto exconsejero dimitido del Ejecutivo de Puigdemont que acude como testigo al Supremo después de que este martes comparecieran los que ocuparon cargos en Interior, Presidencia y Educación Jordi Jané, Neus Munté y Meritxell Ruiz, respectivamente. Todos explicaron que cesaron de sus cargos, tres meses antes de celebrarse el referéndum ilegal.
Estas declaraciones se enmarcan en el procedimiento del Supremo en el que se investigan a 28 cargos independentistas, incluyendo el Gobierno de Puigdemont, por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos vinculados a los hechos que concluyeron con la declaración unilateral de independencia (DIU) del pasado mes de octubre.
"Contradicciones"
Este jueves terminará esta ronda de testigos solicitada por el juez con el interrogatorio al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, quien fue designado como mando único para coordinar a todos los cuerpos policiales el 1-O, incluyendo los Mossos d’Esquadra.
El abogado de la formación política considera que se han producido “contradicciones” entre algunas declaraciones de los testigos de los últimos días y algunas evidencias que obran en la causa por lo que no descartan solicitar que alguno de estos exresponsables pasen a ser investigados formalmente.
Fuentes presentes en el interrogatorio de ayer a Jordi Jané informaron a Vozpópuli que el exconsejero de Interior fue preguntado acerca de una llamada de teléfono detectada por la Guardia Civil entre su mujer y un investigado del 1-O en la que este último afirmaba que Jané le había instruido sobre como borrar pruebas de sus aparatos electrónicos. El exconseller se limitó a negar los hechos.
