El grupo parlamentario de Ciudadanos ha presentado hoy una proposición de ley para garantizar la coordinación, cooperación y lealtad institucional de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de la ley de Acción Exterior del Estado, en la que pide la inclusión de multas millonarias –de hasta 1,5 millones de euros- e inhabilitación para acceder a cargos políticos –de 5 a 10 años- si una comunidad autónoma como Cataluña abre una ‘embajada’ en el exterior sin el consentimiento del Gobierno central.
La formación naranja confiere al Ministerio de Asuntos Exteriores la potestad de sancionar las infracciones cometidas, previa incoación e instrucción del oportuno expediente, de oficio o a instancia de otros órganos, “todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir”.
Se incluyen tres tipos de infracciones –leves, graves y muy graves-. Las leves se solventan con una amonestación y una multa de 10.000 a 100.000 euros. Las infracciones graves –abrir una oficina en el exterior sin contar con el aval de Exteriores o con acuerdos internacionales sin el visto bueno de Madrid- conlleva el cese “inmediato” del cargo público y multa de 100.000 a 500.000 euros.
En el caso de las infracciones muy graves, si se persiste en la desobediencia, se incluye la inhabilitación para ocupar cargos de designación política “por un período de entre cinco y diez años” y multa de 500.000 a 1,5 millones de euros.
La imposición de las sanciones “se graduará atendiendo a la naturaleza de las infracciones, a la intencionalidad de las personas implicadas en las infracciones, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a la imagen y la reputación de España y de sus instituciones en el exterior”, se señala en el texto de la iniciativa parlamentaria a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Actualizar multas al IPC
Asimismo, se habilita al ministro de Exteriores de turno a que actualice “periódicamente” mediante una orden interna “la cuantía de las sanciones de acuerdo con las variaciones que experimenten los índices de precios”. Es decir, que las hipotéticas multas irían aumentando en cuantía según el IPC si no son resarcidas a tiempo.
El texto de Ciudadanos incluye también la posibilidad de que se proceda al cierre de una ‘embajada’ autonómica, “junto con la prohibición de su reapertura o de la de otra oficina en el mismo destino por la misma administración”, si no se cesa la conducta infractora ni hubiesen sido establecidas las garantías necesarias para su no repetición.
Del mismo modo, se autoriza a Exteriores a incoar cierre cautelares de oficinas autonómicas en el extranjero durante la tramitación de un expediente sancionador “cuando fuese necesario para asegurar el cese de la conducta infractora”.
Proposición de ley presentada por Cs
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