La Fiscalía Anticorrupción no se opone a que la Abogacía del Estado represente a un alto cargo del Ministerio de Transportes investigado en el 'caso Koldo', si bien ha advertido de la "posible incompatibilidad" si decidiese asumir también la acusación ante un "eventual delito contra la Hacienda Pública".
La Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, se personó en defensa del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, en la investigación que dirige la Audiencia Nacional sobre la adjudicación de una serie de contratos públicos de mascarillas en plena pandemia.
Consultada por el juez Ismael Moreno, la Fiscalía Anticorrupción consideró que "no existe óbice procesal alguno" para rechazar la personación de la Abogacía del Estado en defensa del alto cargo del Ministerio que dirige Óscar Puente.
Tres días después, el pasado 12 de agosto, el fiscal recordó que el pasado 23 de mayo el ministerio público solicitó dirigirse a la Administración Tributaria para que paralizase una serie de expedientes inspectores en el marco de esta investigación.
Y en este sentido apunta que, aunque hasta el momento la Abogacía del Estado no ha pedido personarse "como acusación particular ante el eventual delito contra la Hacienda Pública", decide "dejar constancia de la posible incompatibilidad de asumir en el mismo procedimiento la doble condición de acusación y defensa a los efectos oportunos".
Imputado a propuesta de Anticorrupción
Gómez, que está citado a declarar el próximo 9 de septiembre, fue imputado recientemente a petición de Anticorrupción junto a otro alto cargo -el director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda- y el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, que fue cesado tras el estallido de la causa.
La Fiscalía pidió las imputaciones tras un informe de la Guardia Civil, del que interpretaba que los tres nuevos investigados ejercieron "ciertas presiones" sobre responsables que debían adjudicar contratos de mascarillas "sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación" a la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la investigación.
Dicha conducta podría ser constitutiva de un delito de tráfico de influencias, sostenía el fiscal, que mencionaba correos en los que el subsecretario de Transportes "parece ejercer como correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores".
