La Fiscalía de Madrid ha pedido al Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe que eleve al Tribunal Supremo una exposición razonada para imputar al senador del PP Juan Soler, por su presunta participación en la licitación irregular de un teatro y de otros contratos cuando era alcalde de esa localidad madrileña.
En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público solicita el procesamiento de 33 personas, entre concejales del PP, antiguos altos cargos del Ayuntamiento, funcionarios municipales y empresarios, entre ellos Javier García Monsalve, cuñado de la exdirigente popular Esperanza Aguirre, y el conocido como arquitecto de los famosos, Joaquín Torres.
A su vez, solicita el sobreseimiento de la causa para otras 11 personas y elevar al Supremo toda la investigación de Soler, quien es senador y diputado autonómico en la Asamblea de Madrid, por tratarse del órgano competente al estar aforado.
La querella fue presentada en abril de 2015 por Roberto Carlos Benítez de Lucas, editor de un medio local y fundador del partido Impulsa Getafe, por presunta irregularidades en la licitación de ocho contratos entre los años 2011 y 2015 cuando Soler era el máximo responsable municipal.
En concreto, la causa apunta a la licitación irregular del Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas de Getafe (CEPAAE) de la calle Madrid de la ciudad, "uno de los pilares de la legislatura de Soler" -afirma la Fiscalía- para construir un teatro en la localidad, pero que nunca vio la luz.
Investigación
Pero también investiga los proyectos de dos escuelas infantiles en los barrios de Los Molinos y Buenavista, el Espacio Mercado, la Fábrica de Harinas y procedimientos menores.
La Fiscalía señala que "en las primeras declaraciones en sede policial, varios de los testigos apuntaban a la concesión, antes de que se produjera su licitación oficial, de los trabajos relativos a la construcción del CEPAAE, infiriéndose de estas, que el alcalde de la localidad era conocedor de las adjudicaciones por parte de GISA a la mercantil Vegas Arquitectura", una de las dos empresas adjudicatarias del teatro junto a Dragados.
Según su administrador Julián Vegas, "en principio, ese acuerdo era para construir un teatro con capacidad para 150 personas, pero posteriormente y por mandato directo del alcalde de la localidad, se cambio para 250 personas y sala de exposición en planta baja".
El Ministerio Público alude a otra declaración que figura en la causa en la que una persona "escucha decir a Julián que la fachada tenía que ser como él había proyectado porque al alcalde le había encantado y que daba igual las medidas del edificio, porque el Plan General de Ordenación Urbana se cambiaría para que el edificio encajase en él".
Otro de los datos -añade la Fiscalía - que hacen suponer que "este investigado (Juan Soler) era no solo conocedor de la tramitación relativa a estos concursos sino que también era el impulsor, es el hecho de que las dos empresas adjudicatarias de los concursos relativos al CEPAAE, Vegas Arquitectura y Dragados, intercambiaran información de sus encargos llegando a tener influencia en ellos".
La Fiscalía menciona en su escrito una serie de correos electrónicos en los que da cuenta del "grado de implicación" que tuvo Soler no solo en la licitación del gran teatro sino también en otras licitaciones del Consistorio, como la construcción de varias escuelas infantiles o en la remodelación del mercado municipal.
Por todo ello y dado la actual condición de senador de Soler, la Fiscalía pide al juzgado "elevar exposición razonada a la sala Segunda del Tribunal Supremo".
