Quinta querella contra el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez. El repertorio, que ya acumulaba títulos como Dúplex, Pasarela, Púnica y Auditorio, suma ahora el caso Guarderías. La Fiscalía de la Región de Murcia añade otra acusación contra el exalcalde de Puerto Lumbreras: desde delitos de prevaricación en adjudicaciones de contratos y proyectos de modificación, malversación de caudales públicos y delito continuado de fraude, hasta falsedad continuada. Esta vez, por inventarse un proyecto de construcción para pedir subvenciones y usar el dinero para fines desconocidos.
Según adelanta La Verdad, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, ha aceptado a trámite la querella del fiscal jefe de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, en la que se indica que Sánchez solicitó en 2005 subvenciones para la construcción de dos proyectos: un Centro de Atención a la Infancia pra la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar y un Centro de Atención a la Infancia.
El Ministerio Público asegura ahora en su escrito que no se trataba de dos proyectos, que era solo uno, "la misma obra". "El proyecto no se llevó a cabo y el dinero de las subvenciones tuvo otro destino, para cuya ocultación, por acuerdo de Construcciones Urdecon, S.L y el Ayuntamiento, se inventaron unas certificaciones que no se correspondían con obra realizada alguna", indica en el escrito.
Era un edificio imaginario y todo su expediente una burda ficción"
Según el informe pericial citado por la Fiscalía, el Centro de Conciliación era "inviable técnica y económicamente" y solo se redactó para obtener subvenciones que no se dedicaría a su construcción. "Era un edificio imaginario y todo su expediente una burda ficción", añade.
De momento, se desconoce en qué fue invertido el resto del dinero. En concreto, el Ministerio de Trabajo y la Comunidad de Murcia desembolsaron 192.000 euros para uno de los proyectos, mientras que la Dirección General de Familia aportó 437.000 euros para el otro, el "imaginario".
Se desconoce a dónde fueron a parar los 437.000 euros de subvención que aportó la Dirección General de Familia para el centro "imaginario"
La Fiscalía pide ahora que se nombre un interventor para auditar las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la construcción de los centros mencionados.
Adjudicaciones irregulares
A la lista de irregularidades, el fiscal suma la adjudicación realizada entre 2006 y 2009 de tres concursos a la empresa Construcciones Urdecon, S.L.: una para la realización de las obras del "Centro de Atención a la Infancia", otra para el proyecto inicial del "Centro de la Mujer" y otra para la construcción de las obras de ampliación de este último.
En el proyecto de mejoras, el Ministerio Público hace hincapié en que la compañía obtuvo la mayor puntuación de todas las licitadoras "pese a realizar la peor oferta y se le adjudicó la obra pese a que en las valoraciones realizadas por el técnico municipal se otorgaba mayor puntuación" a otra empresa. Algo parecido habría ocurrido en los otros dos casos, en los que se adjudicó el contrato a dicha compañía, pese a que esta no ofrecía la mejor oferta y en contra de los criterios de valoración.
En el caso del "Centro de Atención a la Infancia", se presentó luego un proyecto modificado que, según la Fiscalía, duplicaba el precio del proyecto inicial: pasaba de costar 473.013,10 euros a 925.013,10 euros. Del primer importe ya se habían pagado, de acuerdo a las certificaciones a las que tuvo acceso el Ministerio Público, casi 250.000 euros, "cuya mayor parte, supuestamente, se tiraba ahora a la basura", señala el fiscal.
Otros involucrados
En el marco de la investigación, también se presentan diligencias contra Inmaculada García Campos, arquitecta municipal redactora y directora de ejecución de todos los proyectos de obras investigados; Venancio Galán, representante legal de una de las empresas adjudicadas; y Francisca Romera, miembro de la mesa de contratación. Para todos ellos, solicita que se tome declaración en calidad de investigados.
Dado el número de delitos presuntamente cometidos por los acusados y la necesidad de que se realicen pruebas periciales, el Ministerio Público solicita una prórroga de 18 meses transcurridos los seis meses de instrucción ordinaria.
