El que fuera ministro de Interior Juan Ignacio Zoido durante el 1-O no supo dar respuesta sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra durante la jornada del referéndum catalán. Plagó su declaración como testigo ante el tribunal que juzga la causa del 'procés' de respuestas como "no lo sé" o "lo desconozco", cuando pudo haber citado, punto a punto, los detalles del informe que Diego Pérez de los Cobos hizo sobre el operativo policial. Desde la Secretaría de Estado de Seguridad consideraron "inoperativo e ineficaz para el mandato judicial" el dispositivo de los Mossos.
El informe, con fecha del 17 de octubre de 2017, describe las intervenciones realizadas por los agentes del Cuerpo autonómico: su actuación durante los días previos y en la jornada del 1-O, su comportamiento en los colegios electorales y su indiferencia ante las agresiones a personal de la Guardia Civil.
Pérez de los Cobos, como ya señaló Zoido en el interrogatorio en el Tribunal Supremo, confiaba en que los Mossos "cumplirían con la orden judicial" emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en auto del 27 de septiembre de 2017. Una disposición judicial que paralizaba las actuaciones e instrucciones que hasta ese momento venía sustanciando el Ministerio Fiscal.
Confiaba en los Mossos
"El cuerpo de Mossos d'Esquadra se comprometió reiteradamente en las reuniones de coordinación realizadas a enviar dotaciones policiales a los puntos de votación con la finalidad de proceder a su cierre", señaló. Tras el 1-O, sin embargo, Pérez de los Cobos indicó que no constaba que los mandos del Cuerpo autonómico modificaran el dispositivo que tenían prevista para un mejor cumplimiento del mandato judicial. Previamente la Fiscalía había mostrado sus reparos al mismo y lo había tildado de insuficiente.
Según el informe, en 40 intervenciones se identificó una "actitud pasiva" por parte de los Mossos, "incluso cuando se produjeron agresiones" a agentes de la Policía Nacional. En cinco casos, ni siquiera estuvieron presentes efectivos de los Mossos.
El coronel de la Guardia Civil, responsable de coordinar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, denunció que en tres intervenciones "ocurrieron incidentes directos con agentes de los Mossos d'Esquadra que entorpecieron o dificultaron las actuaciones policiales". Tras las investigaciones, también se determinó que durante la jornada del referéndum considerado ilegal por el Tribunal Constitucional hubo "pasividad y actuación contraria al cumplimiento del mandato judicial" por parte del Cuerpo catalán en aquellos colegios electorales a los que no asistieron efectivos de la Policía y la Guardia Civil. Sin embargo, cuando en su declaración Zoido fue preguntado por casos concretos, no supo detallar ninguno.
Casos específicos
Para mayor detalle, Pérez de los Cobos redactó una lista pormenorizada de casos específicos en los que los Mossos incumplieron con la decisión judicial.
- En la Escala Práctiques UB y en la Escola Superior de Disseny, varios mossos recogieron las urnas una vez finalizado el recuento.
- En el CEIP Pit Roig, agentes de los "Mossos d'Esquadra sostenían las urnas mientras las personas
congregadas depositaban las papeletas". - En el CEIP Gayarre, un mosso "alertó de la intervención de la Policía Nacional a las personas que se hallaban a las puertas del punto de votación".
- En ocho intervenciones ocurrieron incidentes directos con agentes autonómicos que "entorpecieron o dificultaron las actuaciones policiales".
- En el CEIP Provençals un vehículo camuflado de los Mossos realizó "contravigilancias" y fue "vitoreado" por organizadores del referéndum.
"Encerronas"
El coronel de la Guardia Civil denunció también que los funcionarios catalanes solicitaron apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 233 puntos de votación; en 12 de ellos, los agentes se enfrentaron a una "actitud hostil y, en ocasiones también violenta", de los ciudadanos que intentaban impedir la actuación policial, pese a que los Mossos avisaron de una "actitud pacífica" de los concentrados.
En el informe se estimó que el dispositivo de la policía autonómica no estuvo orientado a dar cumplimiento a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. "Estuvo orientado a mantener la seguridad ciudadana al modo de unas elecciones legalmente convocadas", indicó. "La ejecución del dispositivo policial de MdE resultó, cuando menos, inoperativo e ineficaz para el cumplimiento del mandato judicial", concluyó Pérez de los Cobos.
