Los fiscales de Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano lo tienen claro: el comisario jubilado José Manuel Villarejo estaba al frente de un “mafia policial” que utilizando sus condiciones de agentes aceptaban encargos privados por los que cobraban ingentes cantidades de dinero, según consta en un escrito de 14 de agosto, en el que los funcionarios públicos piden que no se levante el secreto de sumario.
“Y con el añadido de que la actividad desarrollada por estos individuos en el marco de su consorcio criminal presentaría todas la apariencias de un auténtico clan policial mafioso, rodeada de algunos de los indicadores que permiten establecer un alto nivel de riesgo derivado de su permanente actuación delictiva”, especifican los funcionarios públicos, que desde hace un año tratan de desmontar la trama liderada por Villarejo, en la que también se le imputa blanqueo de capitales, y para que la han necesitado enviar comisiones rogatorias a siete países.
El ministerio público considera que la actividad criminal desarrollada por los investigados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño; buscaba obtener beneficios económicos; pero también influencian en el marco de la política nacional de seguridad; sobre cargos públicos o personas que desempeñan su función en la esfera política, en los medios de comunicación social o en el ámbito de la Administración de Justicia. Unas finalidades que utilizaban con la intención de obtener la impunidad de su actuación delictiva.
"Amenaza permanente"
Y como ejemplo de esta actitud, los fiscales recuerdan que en las propias declaraciones judiciales Villarejo “amenaza permanentemente, al objeto de lograr su impunidad, con la utilización de información privilegiada y sensible a la que ha tenido acceso como comisario destinado en la Dirección General Operativa (DAO), o de la información obtenida paralelamente y de modo ilícito al prestar servicios para clientes privados con abuso de su condición policial.
Por eso los fiscales han incluido entre los delitos atribuidos al “clan” de Villarejo el de organización criminal: "La actividad delictiva desarrollada por el investigado José Manuel Villarejo y sus consortes criminales, guiada por la satisfacción inmediata y sin escrúpulos de un afán personal de lucro, no puede ser considerada como ocasional o puramente individual", especifican los funcionarios públicos en el mencionado recurso contra el alzamiento del secreto de sumario del caso.
Por el contrario, prosiguen los fiscales, la actividad delictiva de la "mafia policial" aparece en la causa “como un fiel reflejo de la corrupción que desde hace años habría infectado a un grupo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía”.
"Manto de protección"
Estos agentes, siempre según el ministerio público, aprovechaban "el manto de protección" que le otorgaban sus respectivas condiciones de comisarios, y contando con otros funcionarios policiales de menor nivel que les serían incondicionalmente fieles, se convirtieron “en una auténtica mafia policial, que actuaría para la exclusiva satisfacción de su afán de lucro.
Y todo ello protegido por un "alto poder de extorsión" derivado del acceso a investigaciones e informaciones sensibles para la seguridad del Estado: “Información que además no dudarían en utilizar tanto para comerciar con terceros como para garantizar la impunidad de sus acciones antijurídicas”, concluyen los fiscales Stampa y Serrano, que en numerosas ocasiones han chocado con la interpretación del juez Diego de Egea.
En uno de los innumerables choques, Anticorrupción se opuso al "prematuro y desorbitadamente intempestivo" archivo de una de las piezas del caso Villarejo, denominado 'Land', y en el que están implicada la familia Cereceda, en un duro escrito al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea donde le acusa de obviar "palmariamente" datos de interés para la investigación.
Secreto de sumario
Cerró la causa "precipitadamente" y de forma "sorprendente", según dice la Fiscalía, y todo ello sin levantar el secreto de sumario, de forma que puede causar indefensión a las víctimas, de las que presuntamente los dueños de la urbanización querían obtener información, entre ellas Yolanda Cereceda, hermana de Susana.
Los fiscales también lamentaron no haber tenido conocimiento de una parte de la causa sobre las comisiones rogatorias, que el juez ha decidido mantener en secreto.
