El Gobierno tiene más que asumido que no hay tiempo para que Carles Puigdemont sea amnistiado por el Tribunal Constitucional (TC) antes de que las Cortes aprueben, primero, el techo de gasto, que ahora se va a renegociar tras la retirada de un primer proyecto de ley este jueves, y luego los presupuestos generales del Estado 2025.
Por cuestiones procedimentales, pasarán "muchos meses", incluso un año, hasta que el TC falle finalmente sobre el recurso de amparo que presente el propio ex presidente de la Generalitat de Cataluña, y sobre los recursos del PP y de las comunidades autónomas contra la Ley de Amnistía.
Así que Junts y su líder en Waterloo "tendrán que apostar" si quieren estabilidad presupuestaria o se apunta a la estrategia de desgaste del PP y Vox, señala a Vozpópuli un destacado miembro del Ejecutivo. A nadie se le escapa, y menos que a nadie al PP, que, con presupuesto en 2025 aprobado, Pedro Sánchez llegará al final de la legislatura hasta 2027 sí o sí.
"Hay legislatura hasta 2027"
Por lo que pueda pasar, insiste esta fuente, muy próxima al jefe del Ejecutivo, "con presupuesto o sin presupuesto, hay legislatura hasta 2027". "Nosotros estamos muy tranquilos", insiste ante las primeras escaramuzas de Junts por la nueva negociación del techo de gasto con los exconvergentes y ante la decisión del resto de socios parlamentarios de exigir ellos también su cuota de protagonismo. Algo que complica sobremanera el puzle presupuestario.
De momento, ni La Moncloa ni la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aceptan, como piden los de Puigdemont, que el margen de subida del techo de gasto en 2025 sea repartido entre el Estado y las autonomías en una relación 70/30 y no el 96/4 que, dicen, reflejaba el proyecto de ley que el Ejecutivo acaba de retirar del trámite parlamentario.
La ministra Montero no está dispuesta a desviar a las autonomías en 2025 más de 10.000 millones de gasto que el Estado ya ha consignado para sí mismo
Montero no parece en absoluto dispuesta porque supone desviar a las autonomías el año próximo más de 10.000 millones de gasto, que el Estado ha consignado para sí mismo. En concreto, quitaría unos 12.000 millones de euros en capacidad de gasto a la Administración General del Estado el año próximo, que pasaría a manos de las comunidades, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Su director, Ángel de la Fuente, sostiene que Junts quiere aumentar al 0,8% el margen de gasto de las comunidades. En consecuencia, la Administración Central y la Seguridad Social tendrían que conformarse con repartirse el 1,7% restante. Y el techo de gasto total de España no se puede ampliar porque está negociado con la Comisión Europea dentro del programa de reducción de la senda de déficit, muy abultado desde la pandemia.
Fuentes de Junts en el Congreso sostienen que no hace falta ese aumento global y que "la UE no se mete en el reparto de las subsecciones de gasto dentro de los Estados", pero reconocen que "se están moviendo cosas en el tema de la senda de déficit" para lograr su aprobación y luego la de los Presupuestos.
Señales de que el Gobierno quiere renegociar
En la formación independentista ven "vibraciones" y señales de que el Gobierno quiere renegociar, tanto eso, como las comisiones de investigación sobre el atentado islamista en La Rambla de Barcelona el 17 de agosto de 2017, para desclasificar documentos del CNI que muestran la relación del servicio secreto con el imam de Ripoll cerebro de la masacre, Abdelbaki Es Saty. No obstante, admiten que no hay ninguna negociación abierta” por el momento.
Para los ex convergentes es sangrante que el Estado haya ido paulatinamente comiéndose los márgenes de crecimiento anual presupuestario; si en 2012 era de un 63% de ese aumento de techo para el Estado y la Seguridad Social, en 2014 la relación bajo ya a un 82/18 y, de haberse aprobado el proyecto que han obligado al Gobierno a retirar, en 2025 hubiese sido de 96/4.
