El Gobierno ha ofrecido una respuesta telegráfica a las cinco preguntas que el diputado del grupo mixto José Luis Ábalos registró el pasado 1 de agosto en el Congreso de los Diputados dirigidas a obtener información sobre si estaba siendo objeto de espionaje por parte de la Guardia Civil. En una notificación remitida al también exministro este pasado martes 8 de octubre, el Ejecutivo se ciñe a informarle de que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en labores de Policía Judicial, no pueden dar cuenta del resultado de sus investigaciones (...) salvo a los jueces, tribunales o representantes del Ministerio Fiscal".
Las preguntas planteadas por el que fue secretario de Organización del PSOE se interesaban también por el origen de las filtraciones relativas a sus datos personales y de su entorno familiar.
En este sentido, el Gobierno se limita a cubrir el expediente con un escueto párrafo en el que se asevera que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen un uso de los datos de carácter personal que invariablemente se ciñe a "lo establecido por la ley, de manera estricta y ajustada a Derecho".
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Esta respuesta se produce después de que la Mesa del Congreso obligara a Ábalos a 'reformular' unas preguntas que inicialmente el diputado presentó el pasado 16 de junio. El órgano colegiado de la Cámara Baja justificaba sus objeciones en un informe de los letrados de las Cortes que, de acuerdo con lo que trasladó al exministro, estimaba que, en su redacción inicial, las cuestiones planteadas eran del interés exclusivo "de una persona singularizada", por lo que no procedía tramitarlas.
Denuncia ante la Fiscalía
El pasado 24 de julio, solo un día después de que la Mesa se negara a calificar en primera instancia las preguntas de Ábalos, el exministro presentó una denuncia ante la Fiscalía por revelación de secretos y de comunicaciones con "el ruego de que se investigue a los responsables de tales acciones" al considerar que es víctima de un proceso de "espionaje" sobre su persona, desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, instigado a su parecer por el Ministerio del Interior.
El 'bloqueo' de la Mesa fue determinante para que Ábalos decidiera acudir a la Fiscalía, que derivó la denuncia a la Fiscalía Provincia de Madrid. El Ministerio Público la secundó y envió a los juzgados para su reparto. Finalmente, esta ha ido a parar al Juzgado de Instrucción número 33 de la capital de España.
