El homenaje al etarra Kepa del Hoyo, muerto por infarto en la prisión de Badajoz mientras practicaba deporte, así como el que se tributó este pasado domingo en Ondárroa a Kemen Uranga, excarcelado tras cinco años de prisión como colaborador del 'comando Vizcaya', han puesto de manifiesto a ojos de las víctimas del terrorismo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no acaba de controlar el "relato" final de ETA. Y, lo peor para esas mismas víctimas es que muchas sospechan de un pacto tácito PP-PNV para acercar a los presos a cárceles próximas al País Vasco.
Por más que la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, haya salido al paso de esta escalada señalando que "militar en una organización terrorista nunca debe ser motivo de reconocimiento social", la realidad es que la izquierda abertzale está cogiendo aire en los últimos meses.
Ayer, Arnaldo Otegi dio una nueva vuelta de tuerca a esa estrategia de normalización al revelar que él y otros miembros de Bildu estarán el próximo 17 de agosto en el exterior de la prisión de El Dueso, en Santoña (Cantabria), para recibir a Rafa Díez de Usabiaga, ex secretario general del sindicato LAB, que será excarcelado tras cumplir su sentencia por el 'caso Bateragune' en el que también fue condenado el propio Otegi.
Para que nadie le acuse de enaltecimiento del terrorismo, el dirigente abertzale se curó en salud aclarando que EH Bildu aún no tiene "una posición prefijada" sobre ese posible homenajes a Usabiaga, y que se sumará a los organizados por la plataforma a favor de los presos Kalera Kalera, que ha preparado un acto de bienvenida ese mismo día por la tarde en Lasarte-Oria (Gipuzkoa), donde vive Rafa Díez. "Nos alegraremos enormemente por su familia y por la gente, y definitivamente estaremos allí (en El Dueso)", recalcó Otegi.
Para Amaya Fernández y el PP vasco, "el repunte de homenajes a terroristas es un problema grave que exige una respuesta efectiva por parte del departamento de Seguridad del Gobierno vasco", que no se está produciendo.
El PP y el PNV niegan que hayan alcanzado un pacto para acercar presos a cárceles situadas a menos de 250 kilómetros del País Vasco
A pesar de esas palabras, las víctimas recelan porque, aun cuando PP y PNV lo niegan oficialmente, diversas fuentes de ambos partidos admiten que están aproximando posiciones para acercar presos de ETA a cárceles próximas del País Vasco. El supuesto acuerdo establece que los presos no estén a más de 250 kilómetros de su comunidad. Eso incluiría el reparto de todos los que cumplen condena en España en diez prisiones: las cárceles de Zaragoza (Duera y Zuera), Burgos, Soria, Teruel, León y Asturias, y El Dueso, entre otras.
Como paso previo, cada uno de los etarras acepte individualmente la legislación española -cosa que ahora no hacen-, pero el pasado 17 de julio el autodenominado colectivo de presos vascos EPPK, por voz del que fuera histórico etarra José Antonio López Ruiz Kubati vino a echar un jarro de agua fría a las expectativas al señalar que se mantienen las «líneas rojas» de «no arrepentimiento y no delación».
Ese límite autoimpuesto por el EPPK habría sido aprobado en asambleas en las cárceles por el 73% de los presos. Pero el Gobierno del PP no parece dispuesto a ceder. Sostiene que para transitar el camino de la reinserción y ser acercados a cárceles vascas, cada etarra preso deberá reconocer el daño causado y colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los más de 300 crímenes sin resolver.
