El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a traspasar sus líneas rojas y cede ante el independentismo con un acuerdo parlamentario que pasa por aceptar las exigencias de EH Bildu en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza'. Entre las cesiones incluidas en este nuevo acuerdo, al que Moncloa se agarra en su intento de preservar el futuro de la legislatura, destaca la redacción de una disposición adicional para Ceuta y Melilla que permita acabar con las devoluciones en caliente.
Las devoluciones exprés de inmigrantes ha supuesto en la última legislatura un gran cisma entre los socialistas y sus socios de Gobierno. Ante el incremento de llegadas de migrantes a Ceuta, Melilla, Canarias y el Aeropuerto de Barajas, la posición de Interior se ha mantenido en el mismo bando, proteger los espacios fronterizos para aligerar la presión migratoria.
En el lado contrario, la posición del propio Pedro Sánchez ha ido variando desde aquel mensaje, incluido en su programa electoral, en el que defendía que las devoluciones en caliente "vulneran el derecho a la petición de asilo o de protección internacional". Después, vino la defensa del Ejecutivo ante Estrasburgo, tras la tragedia de Melilla: "No hay una expulsión sino una prevención de entrada".
Una posición públicamente criticada por Unidas Podemos, en su momento, y en los últimos meses por la formación de Yolanda Díaz, después de que el Gobierno hiciese uso de la figura recogida en la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015. La norma impulsada por los populares recoge en su disposición final primera que los migrantes que sean detectados intentando cruzar de manera ilegal la frontera de Ceuta y Melilla "podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". Ahora, Sánchez promete impulsar una reforma de la Ley de Extranjería, en un plazo de seis meses, para acabar con esta figura.
Falta de datos oficiales del Gobierno sobre devoluciones en caliente
Una promesa que contradice las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo desde el año 2018 y sobre las que, además, no existen datos oficiales. Vozpópuli se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior desde donde han podido confirmar que no existen estadísticas oficiales de las devoluciones exprés de inmigrantes ejecutadas por el Gobierno de España. Del mismo modo, las ONG consultadas por este medio destacan que se trata de una realidad compleja y difícil de cuantificar, ya que, a diferencia de otros países de la Unión Europea como Italia o Grecia, el Gobierno no ofrece datos anuales.
Después de años de silencio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ofrecía por primera vez datos sobre las devoluciones en caliente al incio de su legislatura. En 2018, se registraron 678 devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, 57 más que en el 2017. Ante la falta de datos oficiales, las últimas estadísticas realizadas sobre este asunto datan del año 2020, gracias a una respuesta parlamentaria a una pregunta escrita por el Partido Popular en el Congreso.
De esta forma, los datos del año 2020 dejan mucho que desear para un Gobierno que ha defendido desde su llegada al poder la derogación de la 'ley mordaza' y el fin de las devoluciones en caliente. Ese año, se llevaron a cabo un total de 212 expulsiones en Ceuta y Melilla, pese a estar en medio de una pandemia que frenó la llegada de personas irregulares a través de estos dos territorios.
Según los datos del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska se devolvió a un 11,1%, lo que representa un porcentaje mayor que el registrado durante el gobierno de Mariano Rajoy. Con el PP, se devolvieron a 607 personas entre ambos territorios de un total de 5.863 personas. Desde entonces, no existen datos oficiales aportados por el Gobierno que evidencien en cuántas ocasiones el Ejecutivo de Pedro Sánchez hizo uso de la figura recogida en la conocida como 'ley mordaza'.
Ahora, ante la necesidad de los de Sánchez de ceder ante sus socios independentistas como forma de asegurar la legislatura, el Gobierno y Bildu han pactado que en el plazo de seis meses se aborde la modificación de la ley de Extranjería. Entre las medidas anunciadas se incluye una disposición adicional para Ceuta y Melilla, de tal forma que se habilitarán lugares en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla para que los migrantes que lleguen a las vallas puedan ser identificados para evaluar sus solicitudes de asilo.
"La nueva disposición deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional de la que España es parte, con estricto respeto al Derecho Internacional Humanitario", recoge el acuerdo anunciado este jueves por EH Bildu.
