El Gobierno de Pedro Sánchez tiene un concepto clave. Es el de la “transmisión controlada” del virus, que el Ejecutivo quiere aprovechar para inaugurar la segunda fase en la lucha contra el coronavirus. Se resume en la reactivación parcial de la economía, acompañada con la difusión de test rápidos, mascarillas, aplicación móvil y la búsqueda de personas inmunizadas. A la vez, quiere flexibilizar el confinamiento de los ciudadanos, por ejemplo dejando más libertad a las familias con hijos pequeños. Espera poderlo aprobar antes del 26 de abril (fecha oficial de duración del estado de alarma) y moldearlo en función del contagio en cada comunidad autónoma.
La cuarentena general persistirá al menos hasta mayo, pero Sánchez cree que si se flexibiliza será más llevadera. El presidente teme que si la excepcionalidad se mantiene durante mucho tiempo, el desgaste ciudadano le obligue a dimitir. El Ejecutivo está enormemente preocupado por los efectos en el sistema productivo. Teme que después de los retrasos en activar la alarma (con la sombra de la manifestación del 8-M todavía sobre la mesa), una recesión como la de 2008 le deje sin futuro. Por ello, está decidido a tomar algunos riesgos.
Quiere reactivar la máquina productiva, aunque el virus siga activo. La fase de la reactivación empezará la semana que viene y será “flexible”, argumentan en el Ejecutivo. Se centrará en las empresas y actividades económicas que se pararon con el decreto del 30 de marzo. Las demás, como la hostelería, ocio, etc, permanecerán cerradas. No obstante, fuentes gubernamentales desvelan a Vozpópuli que persisten dudas en algunos sectores del Ejecutivo sobre cómo hacerlo: si de manera generalizada o segmentada por regiones.
A la vez, el Gobierno estudia relajar algunas restricciones de confinamiento. Los ciudadanos cumplirán 30 días de cuarentena el próximo lunes y La Moncloa baraja permitir, como se ha postulado en otros países, que las familias con hijos pequeños puedan tener más libertad para moverse en zonas aledañas a la vivienda y llevando mascarillas. “Es una medida de sentido común”, defienden las fuentes del Gobierno consultadas.
Sobre esa medida existe, por otro lado, consenso entre las fuerzas políticas. Varios grupos pidieron al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la comisión de sanidad del pasado miércoles dejar salir a los padres con los niños, que llevan un mes encerrados. Illa dijo que "tenemos que ver si se pueden permitir algunas cosas, pero no hay nada decidido", pero admitió que "hay un efecto para la salud pública en el hecho de que los niños estén muchas semanas en casa".
Irritación ciudadana
La Moncloa teme que la irritación ciudadana puede convertirse en un problema más grande que la enfermedad, y no quiere pagar ese coste con un adelanto electoral. El propio Fernando Simón, que dirige el equipo de expertos del Gobierno sobre el coronavirus, dejó esta semana la puerta abierta a reducir las restricciones, apelando a la responsabilidad de los españoles.
"Tenemos que ser mucho más consciente cada uno de nuestros actos en esta segunda fase para evitar un repunte en la epidemia y sobre todo para evitar que nuestras UCIs vuelvan a estar bajo presión", ha afirmado Simón el pasado miércoles.
La esperanza del Ejecutivo es que el pico del contagio ya se ha alcanzado y que los españoles están concienciado sobre el virus. De ahí la apuesta por la "transmisión controlada" como estadio de alerta generalizado que mantenga al virus bajo control. Aun así, en ningún caso los ciudadanos interrumpirán la cuarentena. Para los que pueden ejercer sus funciones con el teletrabajo, el confinamiento se mantendrá al menos hasta el 26 de abril, y con buena probabilidad hasta la mitad de mayo.
Gana Calviño (otra vez)
Queda la duda sobre si esa medida debe aplicarse de manera general o segmentada. El grado de contagio no es el mismo en Cataluña y Madrid que en Baleares, Cantabria, Murcia o Asturias. En esas últimas regiones la curva de contagios y fallecidos se va “aplanando”. En Madrid, Cataluña y las dos Castillas, en cambio, las cifras son veinte o cuarenta veces mayores que las de las regiones mencionadas. Por ello, tanto en la apertura de las empresas como en el confinamiento, el Gobierno baraja medidas moldeadas según cada realidad.
El Ejecutivo se agarra a una serie de cálculos que prevén que a partir del próximo fin de semana las cifras de contagios y fallecidos bajará con contundencia. Varias fuentes gubernamentales consultadas creen que España ya se va alejando del pico de contagio, y que el descenso ganará fuerza a partir del lunes. De ahí que el Gobierno contemple flexibilizar el confinamiento de los ciudadanos, con medidas para los niños pero también el deporte, la semana que viene o la siguiente.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, no creyó nunca en el llamado parón total de la economía. Sánchez se hizo convencer por las presiones de algunos de sus ministros y de Pablo Iglesias. Pero, ahora, el grueso de los colaboradores del presidente piden dar un paso atrás e interrumpir una medida muy drástica con efectos duros para el sistema económico. La patronal y partidos como el PNV están de acuerdo. Podemos, menos.
Con la recuperación parcial de la actividad productiva y la flexibilización del confinamiento, Sánchez busca una vía para afrontar el momento clave de su legislatura. Sabe que si el país no vuelve a un escenario de seminormalidad no agotará sus cuatro años de gobierno. Así que sube la apuesta, acompañando su plan de "desescalda" con propuestas de concertación nacional (los pactos de la Moncloa) y a la vez prometiendo a Podemos que no prescindirá de Iglesias. Su esperanza es salvar los muebles en la campaña de verano, el verdadero banco de prueba del Presidente.
