Mariano Rajoy no está dispuesto a a seguir yendo a remolque, dando la impresión de que está en manos de Albert Rivera, y va a presentar al Congreso el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2018 "en la tercera semana de marzo".
Hasta este jueves la tesis oficial es que solo se presentarían si el PNV levantara el bloqueo que mantiene por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. La primera semana de abril era el límite que se había autoimpuesto el gabinete; incluso había llegado a barajar públicamente tres reales decretos con medidas de urgencia -subida de sueldo a los funcionarios, Oferta Pública de Empleo, y aumento de 4.700 millones en los anticipos a cuenta que reciben las autonomías destinados a mejorar sanidad y Educación-, y la segunda prórroga del Presupuesto 2017 en 2019. Todo con tal de estirar la legislatura y no adelantar las elecciones generales hasta finales del año próximo.
El problema es que eso facilitaba sobremanera la labor de oposición de todos los grupos menos el PP, con su, en teoría, socio parlamentario Ciudadanos a la cabeza de la manifestación, como ocurrió en la sesión de control del Congreso este miércoles. Pablo Iglesias y el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, hicieron pinza contra el PP por "incumplir" la Carta Magna, que obliga a presentar cuentas públicas anualmente y no solamente el denominado techo de gasto.
Pero el jueves el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una entrevista con Efe, ha anunciado el cambio de estrategia: el Consejo de Ministros enviará "en la tercera semana de marzo" los presupuestos a la Cámara para iniciar su tramitación parlamentaria.
El Gobierno confía en que haya acuerdo final con el PNV, el Presupuesto 2018 se apruebe en junio y la negociación no se solape con el trámite del `techo de gasto´para 2019
De esta manera, ha explicado, las cuentas entrarán en el Congreso "con tiempo suficiente" para estar aprobadas a finales de junio, con lo que no se solaparía con el debate del techo de gasto de 2019. La reactivación de las negociaciones presupuestarias la dejó entrever Rajoy el miércoles, cuando insistió en la intención del Ejecutivo de que las cuentas estuvieran aprobadas en junio.
El Gobierno confía en que ya se haya aclarado el panorama político en Cataluña para esa tercera semana de marzo -se baraja la investidura de presidente de la Generalitat antes del 6-, el PNV se decida a dar el visto bueno porque ya la intervención autonómica vía 155 habrá decaído, y a Rivera no le quede más remedio que apoyar el proyecto so pena de ser acusado de boicotear la gobernabilidad.
Y, en el peor de los casos, que no haya gobierno en Cataluña y siga el bloqueo presupuestario, Ciudadanos tendrá que retratarse en la votación de las cuentas porque habrá subida de sueldos a policías y guardias, aunque no llegue a la "equiparación" con los Mossos d'Esquadra que exige la formación centrista. "No podrán negarse a dar el sí porque, entonces, se les caerá su discurso de responsabilidad", añaden diversas fuentes.
