El órdago de Inés Arrimadas está lejos de frenar las negociaciones presupuestarias entre el Gobierno y Ciudadanos. Arrimadas ha exigido a Sánchez la retirada de la enmienda que suprime el castellano como lengua vehicular de la reforma de la ley educativa. Pero la líder del partido naranja ha dicho que su formación no se levantará de la mesa de diálogo con el Ejecutivo. Las Cuentas se aprobarán antes que la llamada ley Celaá, que todavía debe superar varios trámites en las Cortes generales y que no se votará definitivamente hasta marzo del próximo año.
Este desfase temporal da un margen al Gobierno para insistir en las dos vías antagónicas de negociación que mantiene abiertas con Ciudadanos y ERC, según fuentes consultadas por Vozpópuli. El partido naranja busca precisamente que Pedro Sánchez se decante por uno u otro aliado. Por eso, ha demandado la retirada de esta enmienda y ha reclamado a Sánchez un compromiso explícito de renuncia a un referéndum de independencia en Cataluña.
La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha templado la respuesta del Gobierno a las exigencias de Ciudadanos. Montero ha señalado que estudiará todas las propuestas de Arrimadas y de otros grupos en cuanto los Presupuestos superen el trámite de las enmiendas a la totalidad. Ciudadanos, al igual que ERC o el PNV, ha declinado presentar una enmienda a la totalidad y ha anunciado que votará en contra de las que presentarán otros grupos como Vox o PP. Es una prueba de su voluntad negociadora. El Gobierno debe superar esta votación para que el proyecto presupuestario siga su debate en el Congreso.
Fuentes del Gobierno han lamentado que el tema de la lengua "se haya convertido en una materia de debate político". "Espero que alguien lea bien como queda ese artículo, después de la enmienda, con sus referencias a la Constitución española y a los Estatutos", dicen estas fuentes a Vozpópuli.
El castellano tendrá presencia en todas las aulas y centros del territorio nacional con lengua co-oficial", dice Ferraz en un documento enviado a las federaciones del PSOE
PSOE: castellano en toda España
La referencia a la Constitución que recoge el articulado de la ley Celaá es el principal argumento al que se aferra el PSOE para defender esta medida. Así consta en el argumentario de defensa de la reforma educativa que Ferraz ha enviado a todas las federaciones para unificar sus respuestas ante las preguntas de los medios de comunicación.
Este documento, al que ha tenido acceso este diario, dice que la nueva ley educativa es "garantista con la Constitución, los Estatutos de autonomía y la normativa vigente".
"El castellano tendrá presencia en todas las aulas y centros del territorio nacional con lengua co-oficial", dice el PSOE. "En el caso de Cataluña implica que la inmersión deberá ser flexible y compensada, reforzando una de las dos lenguas o las dos en aquellas zonas y contextos donde se detecte la necesidad".
No está claro si estas explicaciones convencerán a Ciudadanos. ERC ha vendido esta reforma como una victoria del modelo de inmersión lingüística en Cataluña. La ley Celaá tal y como está aprobada apenas modifica 16 palabras de la anterior redacción del PP, pero algunos expertos aseguran que abre la puerta a marginar por completo el castellano de las aulas catalanas.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha criticado que el castellano se convierta en moneda de cambio de la negociación presupuestaria. El socialista Antonio Miguel Carmona ha impulsado una recogida de firmas en contra de esta modificación, que ha contado con el apoyo público de exdirigentes del PSOE. "Unos cuantos votos presupuestarios no justifican tirar la Historia por la borda", asegura un dirigente socialista en activo que se muestra crítico con esta enmienda. "Tal y como ha quedado la ley solo ganan los independentistas".
Unos cuantos votos presupuestarios no justifican tirar la Historia por la borda. Tal y como ha quedado la ley solo ganan los independentistas", dice un dirigente socialista que se muestra crítico con esta enmienda
Presupuestos antes que 'ley Celaá'
Las conversaciones informales entre Ciudadanos y el Gobierno no se han detenido desde antes del verano. Y tan importantes son las exigencias que Arrimadas ha planteado como las que no ha planteado. No ha hecho alusión ni a los indultos a los líderes del proceso separatista encarcelados, ni a la reforma de los delitos de sedición y rebelión.
Además de la cuestión educativa y la del referéndum, la formación naranja exige la puesta en marcha de un plan de ayuda a autónomos y pymes para apoyar los Presupuestos. Arrimadas propone, al estilo de lo que ha hecho Alemania, ayudas directas por valor del 75% de los ingresos del 2019 a las pequeñas empresas y negocios más golpeados por la crisis del coronavirus.
La negociación presupuestaria es más urgente que la educativa. La ley de la ministra Isabel Celaá, que tiene otros puntos polémicos que afectan a la educación especial y la concertada, todavía se enfrenta a una tramitación de, al menos, dos meses en el Senado. Y no está previsto, a pesar de la celeridad de las últimas semanas, que regrese al Congreso para su aprobación definitiva antes de marzo del 2021.
Ciudadanos deberá decidir si las explicaciones o compromisos que le brinde el Ejecutivo, en caso de hacerlo, son o no suficientes para dar el sí a los Presupuestos antes de que la ley Celaá esté aprobada. "Si se confirma que usan esa ley como contrapartida de Presupuestos, es el camino opuesto a Ciudadanos", dicen fuentes del partido naranja. "Hay dos caminos: concesiones como ésa a los separatistas o el nuestro con ayudas a las familias".
