El Gobierno puso en marcha hace un año la denominada 'Operación diálogo', que incluía el 'desembarco' de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría en Barcelona -tuvo despacho en la Delegación del Gobierno- con el objetivo nada disimulado de forzar la vuelta del nacionalismo moderado catalán al redil del constitucionalismo de la mano del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Aquello fracaso cuando Puigdemont anunció el calendario independentista, referéndum del uno de octubre incluido, pero, aún así, el Ejecutivo se ha venido resistiendo a ser duro en sus ataques a él (le ha invitado incluso a hablar ante el Congreso), en la esperanza de que su partido, el PDCat, heredero de la antigua Convergència, obligara a reconvertir el proceso independentista en un adelanto electoral a otoño.
Pero la intranquilidad comienza a hacer mella en las filas populares. Tras la publicación ayer por el diario 'El País' de otro borrador de Ley de Transitoriedad que Puigdemont guardaba en un cajón, negociado en secreto entre él y el núcleo más soberanista del PDCat, por un lado, y ERC y las CUP, por otro, en La Moncloa se han desatado las alarmas: el proceso va "descontrolado" y son los radicales de las CUP y ERC quienes llevan la batuta. "De ahí puede salir cualquier cosa", aseguran diversas fuentes a Vozpópuli.
Por eso, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, cargó ayer las tintas contra Carles Puigdemont, dibujando el retrato de quien está en un callejón sin salida pero está dispuesto a llevarse todo por delante. Y "el Gobierno no lo va a permitir", repitió varias veces durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un día antes de que hoy presente solemnemente esa Ley de Transitoriedad a todas luces ilegal.
El Gobierno se frota las manos al ver que una persona del círculo de confianza de Puigdemont, el consejero Jordi Baiget, se desmarque ya del referéndum y diga: "Tendremos que hacer otra cosa"
En este sentido, el PP se han recibido con una mezcla de preocupación y esperanza las declaraciones del conseller de empresa catalán, Jordi Baiget, a 'El Punt Avui', rompiendo su silencio para reconocer que no habrá referéndum el uno de octubre y "tendremos que hacer otra cosa" porque ni él ni muchos miembros del PDCat están dispuestos a ir a la cárcel o a jugarse su patrimonio; preocupación popular porque esas palabras de alguien que pasaba por ser de la máxima confianza de Puigdemont -anoche lo cesó- revelan "descomposición" del PDCat, y esperanza porque ese partido, tras tocar fondo, empiece a reaccionar.
La estrategia de Moncloa será a partir de hoy activar todos los resortes legales -tribunales, Fiscalía y fuerzas de seguridad- y, políticamente, poner de manifiesto que son "los radicales" de las CUP quienes controlan la deriva independentista. Se confía en aislar dentro de su partido así a un Puigdemont que ya ha dicho que no se va a presentar a las elecciones.
El PP quiere que todos los Baiget que se sienten marginados de la toma de decisiones hablen de una vez para evitar que Cataluña entre en una espiral suicida. Sabe que en el nacionalismo moderado muchos se enteraron ayer -leyendo el borrador en la prensa- de que la Generalitat proyecta una asamblea constituyente que, como dijo Méndez de Vigo "aleja a Cataluña de Europa" y la acerca a modelos populistas latinoamericanos como la Venezuela bolivariana.
