El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, tendrá la potestad de decidir hasta cuándo dura la 'nueva normalidad' en España. El Gobierno ha aprobado este martes un decreto que recoge el conjunto de normas por el que se regirá todo el país durante esta etapa de convivencia con la epidemia del coronavirus, y que el Ejecutivo y otros países han bautizado como nueva normalidad, que es una traducción literal de la expresión anglosajona new normal.
La duración del decreto, que se aprobará la próxima semana en el Congreso, es indefinida. Y está ligada a un conjunto de factores difíciles de prever como el descubrimiento de una vacuna o un tratamiento efectivo contra la covid-19. Pero Simón tendrá en su mano acortar este periodo si considera que la presencia del virus es residual y retira la declaración de emergencia para la salud pública.
El CCAES trabaja en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS). El papel de Simón ha sido muy cuestionado por los partidos de la oposición precisamente por desatender las alertas de esta organización a principios de año. La OMS declaró el brote del virus SARS-CoV-2 como una emergencia mundial de salud pública el 30 de enero. Y la etiquetó como pandemia el 11 de marzo.
Los errores de Simón
Simón calificó de "residual" la posible incidencia del virus en España en las semanas previas a la declaración del estado de alarma, que se produjo el 14 de marzo. El Gobierno en general y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en particular han defendido con vehemencia al director del CCAES.
La epidemia se ha cobrado la vida de 27.136 personas en España, según los datos de Sanidad. Estas cifras contrastan con los casi 30.000 muertos que contabilizaba la OMS el pasado 4 de junio.
La 'nueva normalidad' recoge otras normas sanitarias como el uso obligatorio de mascarilla, al que Simón también se opuso. Una de las novedades es que la distancia social obligatoria se reduce de 2 metros a 1,5. Se trata de un compromiso que ha arrancado Ciudadanos en su negociación con el Gobierno.
El partido naranja concede gran importancia a este recorte. Fuentes de Ciudadanos entienden que favorecerá a los comercios y también a las empresas que poco a poco van reincorporando empleados a sus puestos de trabajo.
Libertad de movimiento el 22 de junio
El Gobierno da por terminada la 'desescalada' el 21 de junio con la finalización del estado de alarma. A partir del día siguiente se recuperará la libre circulación entre provincias y comunidades. El escenario inicial de Pedro Sánchez planteaba el final de la salida progresiva al confinamiento para principios de julio. Pero las malas perspectivas económicas -el Banco de España prevé una caída del PIB que podría superar el 15% este año- y la presión de los aliados parlamentarios de Sánchez han acortado estos plazos.
Sánchez tiene pendiente una segunda pata de este plan B para la convivencia con el coronavirus. Al decreto de nueva normalidad debe seguir una serie de reformas que amparen las medidas más duras de confinamiento y restricción de movimientos sin necesidad de recurrir al estado de alarma. El Gobierno se comprometió a disponer de recursos legales alternativos en caso de rebrote.
El decreto reconoce las competencias autonómicas, pero mantiene a Illa y Simón al frente de la coordinación del virus. El foro de diálogo interterritorial será el encargado de monitorizar la evolución de los casos y la posibilidad de adoptar o no medidas puntuales más drásticas. Sánchez se ha reservado también el control sobre los transportes en todo el territorio nacional o un asunto especialmente delicado como el deporte y la entrada de público en los estadios.
