La residencia Vitalia de Leganés, en la que fallecieron 43 ancianos en marzo, envió una carta a la Consejería madrileña de Sanidad, que dirige Enrique Ruiz Escudero, el día 26 de aquel mes en la que se advertía que pacientes contagiados con covid-19 eran devueltos al centro "sin llegar a ser atendidos en el hospital".
Vozpópuli ha tenido acceso a la carta remitida por la directora del centro, Diana Muñoz, a la Consejería madrileña de Salud (sic), cuya dirección postal coincide con la de Sanidad. También se envió una copia al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien ese mismo día había perdido las competencias sanitarias en las residencias, que quedaron bajo el mando único de su colega de Sanidad.
Por aquel entonces ya habían fallecido un total de 1.065 ancianos en las residencias madrileñas por el brote de coronavirus, es decir cerca del 2% de las 52.031 personas mayores que vivían en las 475 residencias de la región. La cifra de fallecidos fue aumentando en las siguientes semanas hasta superar los 6.000 a principios de junio.
La misiva de la residencia Vitalia resume la catástrofe sanitaria que se vivía dentro del centro tras la irrupción de la covid-19. Cuando la Unidad Militar de Emergencias (UME) llegó el 28 de marzo para labores de desinfección se topó con once cadáveres en una cámara mortuoria abarrotada.
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Cuando la directora del centro escribió al consejero madrileño de Sanidad sólo había un caso positivo "confirmado" por covid-19 entre los residentes, pero otros 49 presentaban "síntomas compatibles con el contagio" a los que no se les había realizado los correspondientes test, por lo que se encontraban en aislamiento.
También se hacía hincapié en que desde el 15 de marzo hasta ese día 26 se habían registrado 29 fallecimientos por diversas causas, 22 de los cuales con "sintomatología compatible de Covid-19", aunque no se había podido confirmar que esa hubiera sido la causas del fallecimiento o que estuvieran contagiados.
"Saturación" en la funeraria
La directora de Vitalia detalló que desde el día 18 no se había realizado ninguna derivación hospitalaria de residentes con síntomas del virus pese a las llamadas de auxilio y que el 25, cuando llegaron varias ambulancias para llevarse a cuatro enfermos, éstos últimos fueron devueltos a la residencia al poco tiempo "sin llegar a ser atendidos en el hospital".
También se advertía en ese momento de que existía una "saturación" de los servicios funerarios que hacía que se produjeran "grandes demoras" en la recogida de los cuerpos de las personas fallecidas, tal y como verificó la UME cuando se personó en el lugar.
La propia residencia se encontraba, además, con la dificultad de tener a 17 trabajadores de incapacidad temporal por el virus y a otros 45 de baja sin sintomatología, pero a los que no se habían podido hacer pruebas diagnósticas para saber si estaban contagiados. En total, el 45,9% de la plantilla estaba en su casa por una causa u otra.
Con este panorama tan difícil y tras los decretos del Gobierno central de los días 19 y 21 de marzo, el centro consideró en el momento de redactar la carta que concurrían "dichas circunstancias excepcionales para solicitar el auxilio y la intervención del centro" ante la "imposibilidad" por medios materiales y personales para cumplir con las medidas de aislamiento.
Vitalia logró suplir todas las bajas del personal, pero ello le obligó a configurar una plantilla nueva en un 50% que no estaba familiarizada con los protocolos asistenciales del centro ni cómo se tiene que actuar ante la covid-19.
A ello se unía una "situación compleja" donde había que ponerse y quitarse los equipos de protección "en cada actuación, entre un residente y otro", lo que implicaba "un tiempo cuatro veces superior al de una situación normal". De ahí que la residencia estaba en la tesitura de "doblar" la plantilla actual si quería garantizar una "asepsia adecuada" como se hace en un hospital.
Sin poder retirar los cadáveres
En el último punto de la misiva, y antes de hacer una lista pormenorizada de las necesidades materiales del centro, se reconocía la "imposibilidad" del mismo para "gestionar adecuadamente la conservación y retirada de cadáveres por acumulación y retraso de los servicios funerarios".
Fuentes del centro de mayores subrayaron a este medio que no fue la única carta en este sentido, pues cada residencia comunicó a diario al Gobierno madrileño la situación interna, pero sí la más extensa y pormenorizada de marzo ante la dramática situación que se vivía dentro.
Dos días después se produjo el pico de fallecidos -nueve en total-, de los cuales sólo se pudieron entregar tres a la funeraría. La UME logró llevarse otros tres cadáveres ese día y el resto quedaron en la cámara mortuoria junto a otros cuerpos sin vida.
