Alemania decidió prolongar este viernes otros seis meses más el embargo de armas sobre Arabia Saudí, adoptado tras el asesinato del disidente Jamal Khashoggi el pasado mes de octubre en Turquía. La decisión del país germano no es compartida por los socios europeos. España -cuarto país que más armas exportó al reino wahabita en 2017- ha intensificado los controles sobre los contratos y se están produciendo retrasos en los permisos de exportación.
A raíz de la crisis abierta en septiembre la ministra de Defensa Margarita Robles intentando paralizar el envío de 400 bombas de precisión a Arabia por su posible uso en la guerra de Yemen, el Gobierno anunció la puesta en marcha de un sistema de verificación a posteriori para obtener garantías de que las armas no son empleadas contra los derechos humanos o en terceros países.
Así lo expuso la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ante la Comisión de Defensa del Congreso apenas unos días después de la crisis de las bombas que Moncloa tuvo que rectificar por la potencial crisis diplomática y la amenaza sobre el contrato de las corbetas de Navantia en Cádiz.
El pasado mes de enero, el Consejo de Ministros aprobó la tramitación urgente de una modificación del real decreto 679/2014 de 1 de agosto, que regula las exportaciones del material de defensa. Pero casi tres meses después, el cambio normativo sigue en estudio por los funcionarios del Ministerio.
Ante la proximidad de las elecciones generales del 28 de abril, hay pocos visos de que el Ejecutivo quiera forzar los plazos de un protocolo enormemente complejo por las implicaciones económicas, técnicas y diplomáticas que lleva aparejadas. El texto requiere de informe del Consejo de Estado, aunque a diferencia de otros decretos, no tendría que ser convalidado por la Cámara Baja.
Fuentes de la secretaría de Estado recuerdan que la implementación del sistema parte del Ejecutivo anterior y se concibe más como una estrategia de Estado que podría seguir adelante cuando se forme el próximo Gobierno. Hasta ahora, solo Estados Unidos, Alemania y Suiza envían inspectores a los países de destino del material bélico que exportan. España sólo exige hasta ahora "el compromiso de no utilización fuera del territorio del país importador".
Según publico hace dos semanas el diario El Mundo, el presidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), Jaime de Rábago, expuso ante la junta directiva de CEOE que el organismo público encargado de otorgar las licencias para la exportación habría dejado de autorizar las entregas de material tanto militar como de doble uso de contratos ya cerrados por los saudíes.
Desde el Ministerio de Industria eluden confirmar o desmentir dicha información y alegan que las actas de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (Jimddu) son secretas. La Ley de Secretos Oficiales de 1986 protege "la producción, adquisición, suministros y transportes de armamento, munición y material bélico".
