La fiscal del 'caso Lezo' Ana Cuenca Ruiz considera que las pruebas obtenidas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya "acreditan sobradamente la existencia de sólidos indicios" de que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha cometido los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho, según consta en un escrito enviado el 17 de octubre al juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.
La representante de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada escribe esta conclusión para oponerse a la intención de la exdirectiva del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond, de que un perito auditara la compra en 2013 de la brasileña Emissao por Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II, la empresa pública del agua de la Comunidad de Madrid.
Anticorrupción considera que la prueba que pide Richmond, una de las principales imputadas en la causa, es innecesaria, habida cuenta de que, según la fiscal Ana Cuenca Ruiz, en el sumario hay "abundante material probatorio", como por ejemplo "las declaraciones de investigados y testificales, la prueba documental y los informes periciales", que confirmarían los indicios de delito.
Precio sobrevalorado
Estas pruebas, continúa Ana Cuenca, permiten la conclusión de que el precio que pagó el Canal de Isabel II por Emissao estaba sobrevalorado. Una operación que se llevó a cabo "sin realizar una valoración imparcial y completa que velara por los intereses del ente público adquirente", completa el documento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción.
Entre las pruebas que han convencido a la fiscal de que Ignacio González ha podido cometer al menos los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos, está el hecho de que en el precio de compra de Emissao, que fue de 31 millones de dólares, el Ente Público incluyó los 5.850.000 dólares destinados al pago de "ilícitas comisiones" a distintos cargos públicos y otras personas vinculadas a Inassa.
Entre los beneficiarios de estas importantes sumas de dinero destaca el propio Ignacio González (1.800.000 de dólares); mientras que Edmundo Rodríguez Sobrino, Ramón Navarro Pereira, Diego García Arias y Luis Vicente Moro ingresaron 900.000 dólares cada uno.
Compra irregular
Asimismo, la fiscal también rechaza que un informe de la consultora KPMG, de 18 de octubre de 2013, "del que la investigada [Richmond] tuvo conocimiento" antes de la compra, atestigue la legalidad de la operación.
Más bien al contrario, la fiscal considera que el informe de KPMG acredita la irregularidad de esta compra: "Lo que igualmente se pone de manifiesto en el informe de 3 de noviembre de 2016 emitido por la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para la Fiscalía", concluye Ana Cuenca Ruiz.
