La decisión del delegado de la Fiscalía Anticorrupción en la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, de atribuir al expresidente murciano del PP Pedro Antonio Sánchez tres delitos en el caso Auditorio, en concreto un delito continuado de prevaricación y dos de fraude, empuja un poco más a la cúpula de la formación conservadora, en la que también están siendo investigados por la Justicia los exalcaldes de Murcia y Cartagena, Miguel Ángel Cámara y Pilar Barreiro, respectivamente, hacia el banquillo de los acusados.
Cuando en 2014 el entonces presidente del Partido Popular y del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, abandonó su cargo para presentarse a las elecciones al Parlamento Europea, este partido mantenía una cómoda mayoría absoluta en una Comunidad Autónoma, gobernada por el PP desde junio de 1995.
Su sucesor, Alberto Garre, ostentó el poder autonómico hasta que Pedro Antonio Sánchez obtuvo una mayoría simple en las elecciones de julio de 2015. El apoyo de Ciudadanos permitió a Sánchez acceder a la presidencia, aunque por el camino se vio obligado a prometer que si era imputado dimitiría.
Desde entonces, Pedro Antonio Sánchez ha sido imputado por siete delitos en dos casos de corrupción: Auditorio y Púnica. En el primero, en el que se le investiga por aceptar la propiedad para el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras de un edificio sin terminar, lo que según los informes periciales pudo haber provocado un agujero de 2,2 millones de euros al Consistorio del municipio murciano, el fiscal Juan Pablo Lozano ha considerado este viernes que Sánchez debe sentarse en el banquillo de los acusados.
Tres delitos
La Fiscalía considera que Pedro Antonio Sánchez pudo cometer un delito continuado de prevaricación, otro de fraude y un tercero de fraude de subvenciones por su actuación desde 2006, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, en la convocatoria del concurso y adjudicación de las obras del auditorio de esa población.
La decisión de Lozano se conoce a escasos días de la declaración de Pedro Antonio Sánchez en la pieza separada de la Púnica que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ante el que está aforado el expresidente murciano.
Pero las malas noticias para Sánchez y para el PP murciano no acaban ahí, ya que tal y como adelantó Vozpópuli, la encargada de realizar el interrogatorio será la fiscal Teresa Gálvez Díez, que desde un principio atribuyó al expresidente murciano su participación en un "plan criminal" para pagar con dinero público a un experto informático con la intención de mejorar su imagen en internet.
Fiscales desautorizadas
Teresa Gálvez Díez fue una de las dos fiscales desautorizadas por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que impuso su criterio a las funcionarias que investigan la Púnica en la Audiencia Nacional para que no se elevara una exposición razonada contra Pedro Antonio Sánchez en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM).
Sin embargo, el juez Velasco no hizo caso a la Fiscalía, y envió al tribunal murciano la exposición razonada, que ha acabado por admitirse. Sánchez declarará por ello ante el instructor, el magistrado Enrique Quiñonero, que se encarga del caso después de que el anterior responsable, el juez Julián Pérez-Templado, renunciara tras conocerse su amistad con uno de los principales imputados de la rama murciana de la Púnica, el exdiputado del PP Juan Carlos Ruiz.
La Sala Civil y Penal imputa a Sánchez y Conesa la presunta autoría de los mismos delitos, fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada, por tratar de mejorar la reputación en internet del primero cuando era consejero de Educación contratando los servicios de empresas del informático Alejandro de Pedro.
Barreiro vuelve a estar al borde de la imputación, esta vez por su vinculación con la Púnica"
Esta misma semana el PP de Murcia también ha vuelto a sufrir otro duro golpe. La mujer que más poder llegó a atesorar en esta formación, la exalcaldesa de Cartagena y exdiputada en el Congreso, y que ahora es senadora, Pilar Barreiro, volvía a estar al borde de la imputación, esta vez por su vinculación con la trama Púnica, liderada por el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados.
El juez Velasco ha pedido al Tribunal Supremo imputar a Barreiro por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por concertarse con empresas del empresario Alejandro de Pedro con la intención de amañar adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación de Murcia, entonces dirigida por Pedro Antonio Sánchez.
Velasco también quiere que sea investigada por sufragar con dinero público, en concreto de campañas de publicidad de turismo en Cartagena, trabajos particulares, como por ejemplo la creación de un diario digital en esa ciudad para elaborar informaciones favorables. Barreiro, que es amiga personal de uno de los principales cabecillas de la trama, en concreto su antecesor en la alcaldía de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa (PSOE), podría haberse aprovechado de los trabajos de reputación abonados desde otras administraciones, también gobernadas por el PP.
Preocupación reputacional
En la exposición razonada, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, Velasco sostiene que Barreiro "sentía una honda preocupación reputacional" por habérsela vinculado al caso Novo Carthago, por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables. Barreiro había sido denunciada ante el Tribunal Supremo, que acabó archivando el caso.
El tercer alto representante del PP murciano que tiene problemas con la Justicia es el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara, imputado en la Operación Umbra, en la que se investigan las irregularidades urbanísticas en la capital regional. Cámara también está siendo investigado en otros procedimientos, como el denominado Nueva Condomina, que es el estadio de fútbol en el que juega el Real Murcia.
La corrupción también ha tocado al exconsejero de Obras Públicas y exdelegado del Gobierno en Murcia Joaquín Bascuñana, que está imputado en el caso por el que fue acusada Pilar Barreiro: Novo Carthago. Otros exconsejeros del Gobierno murciano investigados en el mismo procedimiento son el extitular de Medio Ambiente y Obras Públicas Francisco Marqués y el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá.
Valcárcel, salpicado
Pero el caso Novo Carthago también ha salpicado a Ramón Luis Valcárcel, ahora eurodiputado, pese a que no está imputado en el procedimiento. El instructor ofreció a Valcárcel la posibilidad de declarar de forma voluntaria, una posibilidad que rechazó el expresidente.
Sin embargo, el magistrado sí ha imputado a Rosario Valcárcel Cruz, la hija mayor de Ramón Luis Valcárcel, y al marido de este por ingresar importantes cantidades en metálico del promotor de la urbanización Novo Carthago, el empresario Rafael Galea Expósito.
