El exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ha admitido que llamó a los ciudadanos a movilizarse el 20 de septiembre de 2017. Se ha escudado en que la protesta forma parte de los elementos democráticos y, en referencia a la orden del Juzgado de Instrucción número 13 de registrar la Conselleria de Economía, ha insistido en que una decisión judicial tiene que ser "respetada", pero "no le exime de ser protestada".
Ante las acusaciones de la Fiscalía, que le responsabilizan de organizar concentraciones tumultuosas y de cortar vías públicas en Barcelona, el expresidente de la ANC ha asegurado: "Cuando llegué ya había una muralla humana".
El acusado ha reconocido los tuits que hizo desde su cuenta para convocar la manifestación en las cercanías a la Conselleria de Economía. A su juicio, fueron los medios de comunicación al hacerse eco de la noticia los que dieron visibilidad a la protesta.
En sus explicaciones, Sànchez relató que en torno a las 13 horas recibió la llamada del entonces conseller de Interior Joaquim Forn, también acusado en esta causa, quien le pidió que sus voluntarios de la ANC hiciesen un cordón entre la multitud para facilitar el acceso de la comitiva judicial. Sànchez ha explicado que es algo habitual en sus concentraciones con el handicap de que al tratarse de un registro no lo habían podido preparar como en ocasiones anteriores.
Sànchez ha reclamado que se tuviese en cuenta el "contexto" de los hechos. Ha asegurado que, al igual que la ANC, diferentes sindicatos y rectores de universidades públicas catalanas se manifestaron también bajo la premisa "defendamos las instituciones".
"Soy un preso político"
El líder independentista, en la cárcel de forma preventiva, es el noveno de los acusados en sentarse en el banquillo. Ha arrancado su interrogatorio -con el lazo amarillo en su solapa- definiéndose como "preso político", pero ha aceptado contestar a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. "Estoy convencido de que estoy aquí por haber sido el presidente de la ANC", ha señalado.
El exlíder de la ANC está acusado por rebelión por la Fiscalía, que pide para él 17 años de cárcel. La Abogacía en cambio solicita para él ocho años de prisión por sedición y la acusación popular de VOX pide 62 años de prisión por rebelión y organización criminal.
