Nuevo órdago por parte de los de Yolanda Díaz a la carrera judicial. Sumar presentó hace unos días una proposición de ley orgánica con la que pretende reformar el examen de acceso a la carrera judicial. Una medida que aboga por sustituir el sistema de oposición libre para que aquellos que hayan superado la licenciatura o el grado universitario en Derecho y cuenten con los mejores expedientes académicos, soliciten el acceso y superen un test psicotécnico, ingresen en la Escuela Judicial. Una propuesta que desde hace meses ha venido defendiendo Podemos y que rechaza la mayoría de la judicatura.
Tres de las principales asociaciones de la magistratura de España muestran su frontal rechazo a esta proposición de ley y recriminan a los socios del Gobierno de Pedro Sánchez que no hayan escuchado sus reclamaciones antes de formalizar un texto ante el Congreso de los Diputados. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente y Asociación Judicial Francisco de Vitoria manifiestan a Vozpópuli que cualquier cambio que pase por relegar a un segundo plano el sistema de acceso libre es un intento de "controlar ideológicamente el acceso a la carrera judicial".
Así lo describe el juez Fernando Portillo, portavoz de FJI, quien considera que el modelo actual es el más justo e independiente que existe y que, además de preparar bien a los jueces, hace imposible el desarrollo del nepotismo en la carrera judicial. En la misma línea, se posiciona la asociación mayoritaria de los jueces (APM), desde donde defienden que el esquema vigente "es un sistema que se basa en el mérito y la capacidad" y que, por tanto, permite que accedan a la carrera judicial "personas de toda índole".
Las asociaciones defienden que un ejemplo claro de que este modelo promueve la igualdad está en los propios datos aportados por el CGPJ. En el último año, más del 80% de profesionales que han accedido a la carrera judicial son mujeres.
Sumar considera, y así se recoge en el texto registrado en el Congreso, que el actual modelo es "elitista", "obsoleto" y en el que "únicamente se valora la capacidad de memorizar normas jurídicas frente a los méritos profesionales, la sensibilidad social y democrática, la neutralidad, la empatía y la capacidad de interactuar con los ciudadanos". Sobre esto, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva manifiesta que la propuesta de los de Yolanda Díaz parte de la idea "errónea" de que los jueces son una casta. "Existen muchos fantasmas y muchas falacias sobre el sistema de acceso a la carrera judicial", sentencia.
Y es que, según defienden las asociaciones más importantes de la magistratura, existen otros métodos para facilitar que los estudiantes de Derecho puedan prepararse las oposiciones, por ejemplo, con la adjudicación de becas. "Está claro que aquí hay un intento por controlar la carrera judicial, están preocupados por la independencia de los jueces a la hora de resolver. Ejemplo claro de ello, es que ni siquiera el presidente del Gobierno puede evitar que un juez instructor investigue a su mujer. Eso es lo que les duele. Estos cambios van dirigidos a aumentar el control sobre quiénes son jueces", sentencia Fernando Portillo.
La asociación mayoritaria de los jueces (APM) se une al rechazo de las medidas propuestas por Sumar y califica los preceptos de su proposición de ley como un nuevo intento de "atentar contra la independencia judicial y la separación de poderes". Del mismo modo, la Asociación Profesional de la Magistratura ha emitido este miércoles un comunicado para mostrar su rechazo a la iniciativa del PSOE y Sumar para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Modelo de renovación del CGPJ de PSOE y Sumar
Durante una entrevista con Silvia Itxaurrondo y Marc Sala en 'La hora de La 1', Pedro Sánchez ha lanzado un ultimátum al Partido Popular de Feijóo para renovar de manera inmediata el CGPJ. De no sentarse en la mesa de negociación, PSOE y Sumar emprenderán una propuesta que supondrá la revisión de la competencia del Poder Judicial de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores.
Este anuncio no ha sido bien recibido por la principal asociación de jueces, AMP, la cual ha catalogado de "auténtico atropello constitucional" la propuesta del presidente del Gobierno de privar al CGPJ de la facultad de hacer nombramientos. Defienden que la propuesta liderada por los socialistas es "inaceptable", al igual que "los permanentes ataques que cada día recibimos los jueces de este país".
Un nuevo choque del Ejecutivo con la judicatura en plena guerra abierta con la amnistía y los ataques a los jueces de telón de fondo. Asimismo, el Gobierno de coalición prepara de manera conjunta un paquete de medidas que no solo contempla la renovación del CGPJ, sino también con la "regeneración" y la "calidad democrática". Sin dar más detalles de cuáles podrían ser dichas medidas, Pedro Sánchez se prepara para lanzar una ofensiva sobre lo que él llama "webs y tabloides": "Lo que tenemos que hacer es trasponer lo que se ha aprobado en Bruselas con el apoyo del PP, la ley de libertad de medios de comunicación, en la que se habla de transparencia y financiación", ha detallado.
