El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Tándem, Manuel García-Castellón, ha advertido en un auto de 24 de mayo que el clan policial mafioso encabezado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo permanece operativo. Y sigue en activo pese a que el cabecilla de la organización criminal permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2017, la fecha en la que fue detenido.
En la resolución, a la que ha tenido acceso Vozpópuli en exclusiva, el instructor concluye que la organización dirigida por José Manuel Villarejo "no está completamente desmantelada", por lo que todavía mantiene su actividad ilegal.
En este sentido, el instructor sospecha que el clan "guardaría duplicados" de la información de la que dispone, informes y grabaciones, que podrían ser utilizados, "no sólo para los fines criminales, sino también para obstruir la acción de la Justicia".
Siete copias
Por su parte, la Policía está convencida de que Villarejo tiene más copias de sus grabaciones, tal y como reconoció el propio excomisario en una conversación que mantuvo con un periodista, al que confesó que disponía de siete copias de seguridad del material que había recopilado durante años de grabaciones: cuatro en España y otras tres en el extranjero.
Y este sería el motivo por el que determinadas informaciones, desconocidas por la Policía, habrían sido difundidas en la prensa: "En el curso del procedimiento se han venido desvelando periódicamente por los medios de comunicación informaciones que presuntamente tendrían su origen en el material intervenido y que, sin embargo, todavía no han sido localizados", concluye el juez en el auto, que se refiere a los audios difundidos por el diario digital Moncloa.com.
Por todo ello, el magistrado cree arriesgado levantar el secreto de varias grabaciones, ya que podrían ser utilizadas de forma irregular por los integrantes activos del clan de Villarejo.
Incibe y CNI
Así, García-Castellón ha rechazado entregar a las partes gran parte de la nueva documentación de la pieza separada número cinco del caso Villarejo, denominada Pintor, aportada por el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), que se han encargado de desencriptar las grabaciones de Villarejo.
El Incibe es una sociedad dependiente del Ministerio de Economía y Empresa que se encarga del desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos, la red académica y de investigación española (RedIRIS) y las empresas, especialmente para sectores estratégicos. La misión de Incibe es reforzar la ciberseguridad.
De esta forma, con su rechazo a facilitar los audios, el juez intenta garantizar que la nueva información pueda poner en riesgo "los legítimos derechos e intereses de las víctimas" y evitar "un uso espúreo encaminado a obstaculizar la acción de la Justicia", destaca la resolución judicial, que pone de manifiesto que uno de los teléfonos intervenidos contiene "información sensible".
