El juicio oral por el borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, que ha sentado en el banquillo al PP y a tres de sus empleados, llega hoy a su fin con las conclusiones de las partes, después de cuatro sesiones en las que se han sucedido testigos y peritajes con versiones enfrentadas.
Bárcenas reiteró la semana pasada que los ordenadores contenían información adicional sobre la presunta caja B del PP y el partido ha insistido en que los discos duros estaban vacíos cuando les aplicó un "proceso de borrado seguro" para cumplir la Ley de Protección de Datos, una vez que el extesorero dejó de trabajar en la sede de Génova.
Son tres las acusaciones populares -Izquierda Unida junto a Justicia y Sociedad y Los Verdes; el Observatori de Drets Humans, y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa-, que ven al PP responsable de un delito de daños informáticos y a tres de sus empleados, también de encubrimiento.
La Fiscalía pide la absolución
La Fiscalía, sin embargo, pidió la absolución al considerar que no se puede acreditar la información que contenían los ordenadores ni que ésta fuera relevante para las investigaciones en marcha en la Audiencia Nacional.
A falta de pruebas tangibles, los testigos citados en el juicio han ofrecido declaraciones en ocasiones contradictorias.
Mientras que el anterior responsable de microinformática del PP señalaba que desconocía los protocolos de borrado esgrimidos por el partido -que implicaban sobreescribir 35 veces sobre el disco duro-, varios trabajadores del departamento de sistemas informáticos de la calle Génova aseguraban que se trata de una práctica habitual.
La exsecretaria de Bárcenas y el exjefe de seguridad del partido (cuñado del extesorero) sostuvieron que solo él tenía llave de su despacho en Génova, pero el responsable de los servicios generales del PP afirmó que en el partido había copia y que cuando se desalojó la sala -solo era un lugar en el que se le permitía dejar sus enseres, afirma el partido- no se forzó la puerta.
IU pide que se multe al PP con 11 millones
IU pidió en su escrito de acusación imponer al PP una multa de cerca de 11 millones de euros por daños informáticos y condenar a cuatro años y medio de prisión a su extesorera Carmen Navarro; el responsable de su asesoría jurídica, Alberto Durán; y el jefe del departamento de sistemas informáticos, José Manuel Moreno.
El Observatori de Drets Humans abogó por castigar al PP con la suspensión de sus actividades durante seis meses y la prohibición de recibir donaciones privadas por un plazo de cinco años, y por condenar a dos años de prisión a Navarro, a un año y once meses al Durán y a un año y diez meses a Moreno.
Por su parte, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa pedía una multa de 109.500 euros para el PP, dos años de prisión para la extesorera y el responsable jurídico y un año para el informático.
