Dos informáticos han comparecido este miércoles en el juicio del procés, en el que han reconocido haberse reunido con los líderes de la Generalitat como el expresidente y el exvicepresidente, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Pedralbes de Barcelona y en él les pidieron que desarrollaran un programa de votación para el referéndum.
Los testigos son Quim Franquesa, de apenas 25 años de edad, y Vicent Nos Ripollés. La cita fue en agosto de 2017, solo dos meses antes de la consulta ilegal. En Pedralbes también estaban la dirigente de ERC Marta Rovira “y unas 15 personas en total”, según ha recordado Franquesa. Los líderes independentistas llegaron a estos dos jóvenes informáticos a través del empresario Xavier Vendrell Segura, ex consejero de Gobernación durante el Tripartito y con un pasado en la órbita del grupo terrorista Terra Lliure.
Según ha recordado Franquesa, la aproximación no fue la más ortodoxa: "Se identificó como Jordi, pero luego supimos que era el señor Vendrell". Quedó con él en un bar de Sant Joan Despí donde ya le planteó el proyecto. "Sabíamos que era por el referéndum. Nos dijo que se iba a amparar en la ley del referéndum. Nos dijo que era legal", ha admitido el joven testigo.
Un proyecto de medio millón de euros
A la reunión, en la que estaban los políticos, fueron a explicar los tiempos que tardarían en desarrollar los proyectos y cómo funcionaría la votación electrónica, entre otras cuestiones. “El plazo tenía que finalizar, evidentemente, antes del 1-O”, ha aclarado Franquesa. Al ser preguntado por el modo de pago este miércoles en el Supremo, ha querido dejar claro que “la Generalitat no iba a pagar absolutamente nada”. “Nos reuníamos con la Generalitat, pero nos dijeron que nos pagaría una tercera parte. No sé quién era esa tercera parte”, ha añadido.
El proyecto finalmente no salió adelante porque después se reunieron con los técnicos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), quienes, según los testigos, “no estaban muy dispuestos a seguir con ese programa”. El hito definitivo fueron sus sospechas de que el Tribunal Constitucional iba a anular el referéndum. “Nos echamos atrás”, ha concluido.
Por su parte, Nos Ripollés ha precisado que el proyecto supondría una contraprestación económica entre los 400.000 y 500.000 euros, pero ha insistido en que nunca se desarrolló el trabajo. "Les dije que teníamos ya muy poco tiempo, porque era el 15 de agosto. Comenté que si no teníamos el dinero para empezar a trabajar, no íbamos a hacer nada", ha señalado.
