La Junta Electoral Central (JEC) ha avalado que el Gobierno de Pedro Sánchez siga realizando las habituales ruedas de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros de los viernes. El órgano que debe velar por la imparcialidad de los poder públicos durante el período electoral ha rechazado así sendas peticiones de PP y Ciudadanos de suspender esos actos que consideraban que el Ejecutivo utiliza de forma 'electoralista' con el anuncio de decretos de fuerte componente social y económico.
La JEC -formada por magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos de Derecho, Ciencia Política y Sociología- respalda las alegaciones presentadas el pasado viernes por la secretaría de Estado de Comunicación, en las que el equipo de Sánchez se mostraba seguro de haber actuado conforme a la Ley. El escrito del Ejecutivo defendía que dichas ruedas de prensa "son, desde el comienzo de la democracia, el canal oficial de comunicación del Gobierno con la opinión pública".
Y ese Gobierno no entra en funciones hasta el día siguiente a las elecciones generales del 28 de abril. Otra cosa es cómo deba comunicar la aprobación de los eventuales decretos que puedan ser aprobados hasta esa fecha, si es que sale adelante alguno más. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) es clara al respecto. Los poderes públicos deben mantener una estricta imparcialidad en estos períodos y están prohibidas los actos de inauguraciones de obras o servicios y las campañas institucionales dedicadas a recopilar los logros del mandato.
El Gobierno no entra en funciones hasta el día siguiente a las elecciones generales del 28 de abril
Los de Pablo Casado y los de Albert Rivera creen que las ruedas de prensa de los viernes están siendo instrumentalizadas por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá y el resto de ministros que comparecen, poniéndolas al servicio del PSOE. Aunque la ministra portavoz se mostró el pasado viernes muy cautelosa a la espera de la decisión de la JEC y evitó cualquier alusión al resto de formaciones políticas ante la insistencia de los periodistas.
Aunque en el Gobierno estaban convencidos de que la reclamación de PP y Cs no prosperaría porque reclamaba a la JEC una actuación preventiva de poco recorrido jurídico. Los de Casado denunciaban en su escrito dirigido a la Junta Electoral que con la comunicación de los decretos, el Gobierno iba a "influir de forma electoral en el criterio a tomar por los electores de cara a las próximas elecciones".
Los aprobados hasta ahora deberán ser convalidados en el plazo máximo de un mes por la Diputación Permanente del Congreso. Y Sánchez necesita reeditar la mayoría de la moción de censura, con los independentistas catalanes del PDeCAT y de ERC, los nacionalistas vascos del PNV y EH Bildu. Los jeltzales aún no han desvelado cuál será su postura en cada uno de ellos.
Pero la contienda de la oposición contra los decretos de Sánchez no queda ahí. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha solicitado un informe a los letrados de la Cámara para saber si, en caso de ser convalidados, los decretos podrían tramitarse como proyecto de Ley en el órgano que sigue activo cuando las Cortes están disueltas. Esta posibilidad nunca se ha utilizado antes y, en todo caso, dilataría durante meses la aprobación de las normas de Sánchez.
Si los letrados de la Cámara no avalasen esta fórmula, el PP podría incluso llevar la aprobación de los decretos ante el Tribunal Constitucional. La Carta Magna fija que para aprobarlos debe estar bien justificada la "extraordinaria y urgente necesidad". Aunque la jurisprudencia al respecto es bastante laxa y los diferentes Gobiernos a lo largo de la democracia han sacado por decreto todo tipo de cuestiones.
