Sánchez continúa en Moncloa. La noticia de que el secretario general del Partido Socialista sigue al frente al Ejecutivo tendrá, en consecuencia, un indudable efecto sobre el resultado electoral del próximo 12 de mayo. Illa utilizará la narrativa defendida desde Madrid para presentar su candidatura como la más responsable ante el presunto hostigamiento de la ultraderecha. Por contra, los independentistas utilizarán la maniobra de Sánchez para dar un impulso a su campaña y posicionar las 'artes oscuras' de los socialistas junto con las del PP y Vox.
No obstante, fuera como fuese, la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Consejo de Ministros facilitará la aprobación de la ley de amnistía, crucial para los nacionalistas catalanes. En concreto, Carles Puigdemont necesita más que nadie que los socialistas sigan liderando el Gobierno. La vuelta del 'hijo prófugo' a casa está en juego.
Entre las prioridades de Junts, se encuentra evitar que el cargo de Carles Puigdemont quede a criterio del Tribunal Supremo, que sigue la causa contra el expresidente catalán en el caso de Tsunami Democràtic. Por tanto, no basta con la aprobación de la amnistía, los independentistas necesitan apuntalar la vuelta del dirigente catalán más allá del texto aprobado ya por el Congreso. Para ello, utilizarán la tramitación del decreto ómnibus en la Comisión de Justicia.
Según confirman a Vozpópuli fuentes parlamentarias, la tramitación del Real Decreto Ley 6/2023 en la Comisión de Justicia se ha paralizado. El motivo no es solo las consecuencias del un periodo entre las elecciones vascas y catalanas que dejan inhábil el Congreso, sino la necesidad de los independentistas de conseguir más tiempo para negociar con el PSOE la aprobación de enmiendas transaccionales.
Las mismas fuentes explican que a pesar de que en un primer momento la idea era acelerar el proceso de enmiendas para anular los efectos penales de los líderes independentistas relacionados con el 'procés' lo antes posible, el calendario ha cambiado en las últimas semanas. La mesa de la Comisión de Justicia ha decidido adelantar la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, de manera que las enmiendas presentadas por ERC y Junts serán llevadas a la Ponencia después de los comicios catalanes.
Al parecer, los socios de Sánchez están en desacuerdo con otros puntos del conocido como decreto ómnibus, por lo que la alternativa es presionar a los socialistas y conseguir la aprobación de enmiendas transaccionales que recojan sus necesidades. Entre los remates finales que Junts pretende incluir en el texto, se encuentra la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, referente al efecto suspensivo de la cuestión prejudicial europeo.
Los independentistas entienden que aprobación podría suponer un obstáculo para la aplicación de la amnistía, lo que hizo que su eliminación sea en un punto innegociable para que los de Sánchez consigan el sí de Junts a los presupuestos. No obstante, expertos juristas apuntan a que la eliminación del efecto suspensivo de la cuestión prejudicial no afectaría a su aplicación final, ya que dicho efecto está recogido en los tratados europeos. Y es que la suspensión de los procedimientos afectados por una cuestión prejudicial no deriva del Derecho doméstico, sino que viene regulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Junts pide, además, la supresión del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual hace alusión a la "supresión de función o cargo público por imputación de pertenencia a banda armada, terrorista o de rebeldes". Y es que la inclusión de este artículo en la norma transversal que planea sacar adelante el Gobierno de coalición, robaría a Puigdemont la oportunidad de volver a ostentar un cargo en el Govern.
El Ejecutivo ha venido este macrodecreto como una norma esencial para implementar medidas de gran calado en materia Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. A los de Sánchez les interesa sacar adelante lo antes posible el texto, ya muchas de las medidas que incorpora eran anteproyectos e incluso proyectos de ley que se quedaron en el tintero tras la convocatoria adelantada de elecciones.
Ahora, los de Junts se han topado en los planes del PSOE y Sumar. El objetivo es apuntalar la amnistía de Puigdemont. El decreto ómnibus le permite a los independentistas negociar con Sánchez nuevas concesiones sin incluirlas en el texto de amnistía. Más exigencias por la puerta de atrás.
