Fin de la Mesa de Retribuciones convocada este martes por el Ministerio de Justicia para mejorar los salarios de jueces y fiscales. El encuentro, en el que también han participado el Ministerio de Hacienda, las asociaciones de jueces y fiscales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado ha terminado sin un compromiso claro por parte del Gobierno sobre el acuerdo ya firmado con hace más de un año.
Fuentes presentes en la reunión detallan a Vozpópuli, que el equipo de Félix Bolaños no ha dado ningún paso respecto a los conceptos no desarrollados en la mesa de mayo de 2023, para evitar que jueces y fiscales fueran a la huelga. La razón esgrimida por el Ministerio de Justicia es la falta de Presupuestos Generales del Estado, lo que -a su juicio- imposibilita que el Gobierno pueda cumplir con los objetivos acordados.
Entre los compromisos adquiridos por el Ejecutivo, hace más de un año, destaca la ampliación en 100 plaxas de las oposicines a jueces y fiscales. Asimismo, sigue en el aire la revisión del pago de los trienios y de las cuantías a abonar por el servicio de guardia, un turno de oficio que lleva años sufriendo los estragos de turnos de 24 horas y sueldos muy bajos.
No obstante, la mala nueva comunicada por el Ministerio de Bolaños no impide que, a partir del mes de septiembre, puedan crearse grupos de trabajo para abordar temas de primera necesidad como el estudio de los llamados "grupos poblacionales", a partir de los cuales se calculan el complemento de destino de los jueces.
El mayor agujero presupuestario viene propiciado por el pago de la retribución variable de los jueces. Sobre este aspecto, el Ministerio de Justicia ha comunicado a las asociaciones que las variables se pagarán a futuro conforme a la sentencia dictada el pasado mes de junio por el Tribunal Constitucional.
No obstanye, respecto a lo adeudado por el Gobierno al no pagar la retribución variable de los jueces conforme a la ley, el Ejecutivo ha especificado que, por el momento, no podrá ser bonificado. Una circunstancia que obliga a los profesionales perjudicados a acudir a los tribunales para reclamar las cantidades adeudadas desde el 2019.
La decisión del TS afecta a miles de jueces que esperan que Justicia les pague este complemento salarial, tal y como viene recogido en la ley que obliga a que como mínimo se debe abonar el 5% de las retribuciones fijas. Durante años, el Ministerio ha estado distribuyendo de forma arbitraria las cantidades a abonar en cada ejercicio a los jueces y magistrados que superaran los objetivos establecidos y no percibían los complementos en su totalidad. Una realidad delimitada, ahora, por el alto tribunal.
