La inminente clasificación penitenciaria de los políticos independentistas presos, que en última instancia depende de la Consellería de Justicia que dirige la republicana Ester Capella, ha despertado recelos entre JxCat y ERC, mientras están en marcha las negociaciones para investir a Pedro Sánchez.
En vísperas de que las juntas de tratamiento de las cárceles donde están recluidos los líderes del procés eleven su propuesta de clasificación a la consellería, este martes han aflorado las discrepancias entre las defensas de los presos de ERC y JxCat, tanto en sus expectativas como en el calendario que manejan para lograr los primeros beneficios penitenciarios.
Los tiempos de la gestión penitenciaria coinciden de lleno con las negociaciones entre ERC y el PSOE para lograr una abstención de los republicanos que permita investir a Pedro Sánchez: una vez las juntas de tratamiento se pronuncien, la Generalitat tendrá dos meses de plazo para ratificar o enmendar su propuesta, lo que puede posponer la decisión final hasta mediados de febrero.
El debate lo han servido esta mañana los servicios jurídicos de ERC, al revelar a la prensa que prevén que los presos sean clasificados de entrada en segundo grado -solo hay 9 precedentes en 18 años de que condenados a dos dígitos de cárcel hayan logrado el régimen abierto en un inicio-, aunque, si es así, lo recurrirán para exigir el tercero, hasta, si es necesario, llegar al Tribunal Supremo.
Ese aparente posibilismo de los servicios jurídicos de ERC respecto a sus presos -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa- ha indignado a la defensa de los condenados de JxCat Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, que en un comunicado se han apresurado a criticar las informaciones que pretenden "normalizar" la clasificación en segundo grado de los internos y a exigir el régimen abierto de inmediato.
Jordi Pina, abogado de esos tres condenados de JxCat (no así Joaquim Forn, al que defiende el letrado Javier Melero), ha recordado también en su comunicado que el informe de las juntas de tratamiento, integradas por técnicos y por el director de la cárcel con voto de calidad, es una mera propuesta y que la "decisión final" depende de la Consellería de Justicia.
La diferencia entre las defensas de los condenados de ERC y de JxCat respecto a la gestión penitenciaria de los presos refuerza las suspicacias de los posconvergentes por las negociaciones que sus socios de Govern mantienen con el PSOE para la investidura, unos tratos de los que ayer mismo exigieron no ser excluidos.
El papel clave de la Fiscalía
De hecho, la Fiscalía puede desempeñar un papel clave en las próximas semanas respecto a la situación de los políticos presos, puesto que está en sus manos la decisión de recurrir la clasificación penitenciaria ante los tribunales.
En el contexto de las negociaciones, no es descartable que ERC exija un gesto del Gobierno de Pedro Sánchez para que el ministerio público no bloquee los beneficios penitenciarios que en un futuro puedan concederse a los presos del procés.
Los equipos jurídicos de los presos de ERC prevén que, de entrada, sean clasificados en segundo grado, por lo que, mientras piensan recurrir a la justicia para exigir el tercero, iniciarán gestiones encaminadas a que se les aplique el artículo 100.2, lo que les permitiría, como a Oriol Pujol, salir a diario para trabajar o hacer voluntariado en condiciones similares a la semilibertad.
De acuerdo con esas previsiones, los abogados de los presos de ERC auguran que la Generalitat tardará entre tres semanas y un mes en resolver las clasificaciones a partir de las propuestas de la junta, lo que hace prácticamente imposible que puedan salir de la cárcel para Navidad.
Por su parte, la defensa de Sànchez, Rull y Turull han asegurado tener el "firme convencimiento" de que la clasificación de sus clientes debería ser el tercer grado, ya de entrada, teniendo en cuenta sus "circunstancias personales": entorno social, posibilidad de encontrar empleo y ni peligrosidad ni riesgo de reincidencia, además de ausencia de responsabilidad civil pendiente de pago.
