La vicesecretaria general y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha anunciado este sábado que el Gobierno aprobará la ley de libertad sexual, también conocida como ley del 'solo sí es sí', en la semana de reivindicación del 8 de marzo.
En un acto en la localidad toledana de Menasalbas, Lastra ha llamado "a llenar las calles de nuestro país" el próximo 8 de marzo para "reclamar igualdad" y para homenajear a las 13 mujeres asesinadas este año víctimas de la violencia de género, ha informado el PSOE en nota de prensa.
"La violencia de género mata todos los días, se llama machismo y tenemos que combatirlo en las calles y en las instituciones", ha dicho, "aunque algunas fuerzas políticas digan que no existe".
Tras llamar a la movilización durante la semana de reivindicación feminista del 8-M, la dirigente del PSOE ha asegurado que en este país "no tendremos una democracia plena mientras que el 50% de la población sienta que sigue discriminada".
Ha llamado la atención igualmente sobre la importancia de romper los "techos de cristal", pero ha señalado que igual de importante es "limpiar los suelos pegajosos" que impiden a las mujeres su desarrollo profesional y su independencia económica.
Justicia tumba el borrador de la ley de libertad sexual
En las últimas semanas la ley de igualdad sexual ha sufrido importantes correcciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes del Ejecutivo aseguran que el primer borrador presentado por el equipo que lidera la ministra de Igualdad, Irene Montero, fue recibido con muchas críticas por otros ministros, sobre todo por los socialistas. “Detectamos muchísimas cosas que eran claramente inconstitucionales”, explican a Vozpópuli fuentes del Gobierno, que aseguran que hace falta corregir muchos aspectos de la norma.
“La ley de libertad sexual tal y como la presentó el gabinete de Montero se ha frenado desde el principio”, aseguran las fuentes consultadas. Según esta versión, desde Igualdad se presentó un borrador normativo que obtuvo una severa crítica por parte de los servicios legales de otros departamentos. Fue en varias reuniones internas donde los responsables de Justicia -entre otros- detectaron elementos de inconstitucionalidad que obligaron a replantear el asunto.